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2010/08/11

Contra Punto-Ambientalistas piden cambio en estrategia contra Pacific Rim - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Por Fernando de Dios.11 de Agosto. Tomado de Contra Punto.

La demanda de la transnacional minera contra el Estado salvadoreño sigue su curso. Las organizaciones contrarias a la minería metálica exponen la necesidad de prohibir esta actividad. 

SAN SALVADOR­ – La Mesa Nacional contra la Minería Metálica (MNMM) pidió este martes al gobierno salvadoreño un cambio en su estrategia de defensa frente a la demanda que presentó contra el Estado la compañía minera canadiense Pacific Rim Mining Corp. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.

Según los miembros de la organización ambientalista, el hecho de que el pasado 2 de agosto el CIADI rechazara las objeciones presentadas por los abogados representantes de El Salvador a la demanda de la transnacional minera, demuestran que “el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso”.

Con esta decisión, el CIADI lo que hizo fue admitir la demanda a estudio, abriéndose ahora otra etapa del proceso que se dedicará a decidir sobre la jurisdicción, es decir, si es precisamente el CIADI la entidad competente para dilucidar el pleito entre Estado y empresa, que ésta última basa en un supuesto incumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) que El Salvador firmó con Estados Unidos.

Los argumentos de la defensa salvadoreña en esta nueva fase, según publicó este martes El Diario de Hoy, citando al equipo de abogados que la llevan a cabo, irán centrados en que la empresa Pacific Rim cambió la localización de una de sus filiales desde las Islas Caimán, territorio británico, hasta el estado de Nevada, en Estados Unidos, en el año 2007, cuando el conflicto era ya una realidad, para aprovecharse precisamente del citado TLC, que sólo ampara a corporaciones estadounidenses.

El mismo periódico también cita al jefe del grupo de abogados, Luis Parada, que manifestó su convicción de que la empresa “no tiene ninguna posibilidad de ganar el caso”.

No obstante, existen posibilidades de que el CIADI se declare competente, dado que ha admitido la demanda de Pacific Rim para su estudio. En ese momento se pasaría a la fase crucial, en la que ambas partes presentarán sus alegaciones sobre el fondo del asunto, es decir, si el Estado salvadoreño incumplió el TLC al negarle a la compañía, en 2008, el permiso de explotación para extraer minerales del subsuelo del cantón San Isidro, en el departamento de Cabañas.

La MNMM consideró que la decisión del CIADI “constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente” y calificó al tribunal del Banco Mundial como “proclive a los intereses corporativos” de una empresa “que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su intento de explotar el subsuelo nacional”. La compañía demanda el pago de unos $100 millones en compensación.

El gobierno no se deja ayudar

La plataforma afirmó que el gobierno salvadoreño está realizando su defensa ocultando información y negándose a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar este tipo de demandas.

Aseguran que su organización está formada a su vez por distintas instancias ciudadanas que están especializadas en diferentes ámbitos, entre ellos el derecho, y que pueden aportar insumos para ayudar al Estado en este proceso y en otros, como otra demanda similar a la de Pacific Rim que ha presentado la empresa Commerce Group por la rescisión de un viejo permiso de explotación en el departamento de La Unión. Esta empresa también demanda del Estado el pago de $100 millones.

Manuel Fuentes, miembro de la MNMM, afirmó que existe un prejuicio errado en el gobierno y sus abogados, que consideran que cualquier pronunciamiento de un funcionario público en contra de la minería metálica o cualquier acercamiento a esta organización, dada su posición en ese sentido, será contraproducente para el proceso que se sigue en el CIADI.

Sin embargo, Fuentes aseguró que ellos tienen “suficientes argumentos para poder acompañar ese proceso”. De hecho, anunció que cuando el CIADI lo permita, aportarán esos argumentos en forma de un escrito en el que expondrán las razones que las comunidades afectadas vienen alegando para rechazar la presencia de la transnacional minera en su territorio.

“Interpondremos un recurso llamado amicus curiae, que es la posibilidad de que un tercero no parte en el proceso pueda participar dándole al tribunal elementos que le puedan ayudar a discernir sobre el fondo del asunto”, expresó el miembro de la MNMM.

Añadió que esos elementos irán centrados en “las experiencias vividas de contaminación y de violencia que las comunidades de Cabañas están sufriendo”.

Los problemas de contaminación y violencia causados por la actividad minera no son exclusivos de El Salvador, sino que están presentes en otros muchos países del mundo en los que las transnacionales mineras, amparadas en gobiernos débiles y legislaciones permisivas, han impuesto sus condiciones para la explotación de sus recursos naturales.

Países latinoamericanos como Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica o Nicaragua, entre otros, han sido escenario de las luchas y la división de las comunidades tras la llegada a ellas de enormes corporaciones mineras.

Para que no vuelva a ocurrir

Ante esta experiencia acumulada, las demandas de las organizaciones ambientalistas salvadoreñas se dirigen hacia dos objetivos concretos para evitar que se repitan estas situaciones. El primero es impulsar una ley que prohíba la minería metálica. El segundo, la paralización del TLC que se está negociando con Canadá y el replanteamiento de los ya firmados con otras potencias económicas.

Además del recurso ante el CIADI, la MNMM presentará ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una pieza de correspondencia en la que propondrá formalmente a los y las diputadas la redacción y aprobación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país.

En opinión de los miembros de la Mesa, una ley de este tipo es urgente para evitar los efectos nocivos de la minería metálica en el medio ambiente y en la sociedad y para cerrar la puerta a que en un futuro se produzcan situaciones como la que vive el país, en la que dos empresas le demandan por decenas de millones de dólares.

Además, sostienen los ambientalistas, le dará al gobierno de El Salvador más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco, autorizado recientemente a la transnacional canadiense Gold Corp. Esta mina estará situada a 18 kilómetros de la frontera, junto a la localidad santaneca de Metapán y, según advierte la MNMM, podría contaminar el Río Lempa a través del Lago de Güija.

Junto a la aprobación de esta normativa, la MNMM también reclama al gobierno que replantee su estrategia de firmar tratados comerciales con grandes potencias económicas, pues, según el activista Bernardo Belloso, “los Tratados de Libre Comercio en El Salvador y en Centroamérica, son los causantes de todos estos problemas”.

Belloso señaló que los TLC son una herramienta que utilizan las transnacionales para explotar todos los recursos, desde los minerales hasta la propia fuerza de trabajo, de países como El Salvador.

Por ello, exhortan al gobierno de Mauricio Funes a que no firme más acuerdos de este tipo, sobre todo el que está en proceso de negociación con Canadá, que es el país de donde proceden la mayoría de transnacionales mineras que han solicitado permisos para hasta 25 proyectos de explotación minera en El Salvador.

“Canadá está interesado en nuestros recursos, especialmente los minerales metálicos, y se está negociando un tratado comercial”, advirtió Belloso, que añadió que están en contra de este tipo de acuerdos “porque no vienen a favorecer a las grandes mayorías en este país y son causantes de conflictos sociales y deterioro ambiental”.

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