Benjamín Cuéllar Martínez. 07 de Agosto.Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - Al igual que a Juan José Dalton, también me alegró la noticia que hace varias semanas circuló profusamente en Internet por obra y gracia de una orgullosa Cancillería salvadoreña. El domingo 27 de junio, el director de ContraPunto transcribió el comunicado oficial emitido por la misma y lo comentó. Por ello, no haré más que algunas referencias puntuales al contenido del mismo, titulado “Homenaje justo e histórico a monseñor Óscar Arnulfo Romero”. Pero, poco o mucho, ¿por qué quiero insistir en esto? Pues porque, como bien escribió el hijo del poeta, lo que informó dicha cartera estatal constituye “un acontecimiento trascendente del cual poco o casi nada se supo en El Salvador”. Y es que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió, por consenso, declarar el 24 de marzo como el “Día Internacional por el Derecho a la Verdad acerca de las graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”. Esa significativa decisión merecía mayor difusión, pero…
El esfuerzo de la diplomacia cuscatleca –“arduo e intenso”, en sus palabras– debe ser reconocido en lo que vale. Y es que vale mucho. Para corroborarlo, basta citar el texto siguiente: “En esta noche de la historia donde hay tantas intrigas, tantas sombras y tantos pecados, tantos crímenes que parece que se quedarán ocultos, tantos desaparecidos que parece que nadie dará cuenta de ellos, la iglesia está alumbrando con su lucecita en la noche. Brillará la verdad, brillará la justicia, volverá el Señor y no se quedará nadie sin recibir su justa paga”. Esas son palabras del profeta mártir de América y santo patrono de los derechos humanos, pronunciadas en su homilía del 26 de marzo de 1978; las lanzó a casi dos años de su ejecución ocurrida, precisamente, en la fecha que acaba de reivindicar el gobierno salvadoreño dentro de la ONU.
Pero también, en sintonía con lo antes dicho por el arzobispo mártir, ese mismo gobierno que orondo reivindica tal figura universal debería considerar –en serio– las desafiantes consecuencias de lo que promovió en el organismo internacional. Apadrinar semejante iniciativa que tiene como centro la verdad y la dignidad de las víctimas, es un compromiso del tamaño del mundo para el Estado que logró su exitosa aprobación. ¿Por qué? Pues porque es peligroso que termine siendo “candil de la calle y oscuridad de la casa”, como lo ha sido hasta la fecha en estas materias.
¿O acaso estaremos, a partir de esa iniciativa y después de tantos rodeos, ante el inicio del “cambio” esperado durante más de un año por las víctimas salvadoreñas? ¿Brillarán con toda su luminosidad en el país, por fin, la verdad y la justicia que el gobierno de Mauricio Funes demanda para todo el planeta?
Los discursos y las posiciones enmarcadas en lo “políticamente correcto” dentro de los foros intergubernamentales de derechos humanos, son saludables para su administración; sobre todo, sabiendo de dónde venimos en esta materia: de regímenes genocidas, autoritarios y protectores de criminales. Pero eso, que es bueno, no es suficiente porque la práctica interna debe estar en total armonía con lo anterior; si no, es demasiado osado presumir que “la vigencia plena los derechos humanos” es “uno de los ejes del nuevo rumbo emprendido por este gobierno”. Eso dijo Funes en su discurso cuando cumplió un año en la silla presidencia; sin embargo, lo ocurrido hasta el día de hoy no es una buena carta de presentación para sostener esa afirmación.
Las víctimas en nuestro país aún esperan verdad y justicia en los casos de las hermanas Serrano Cruz y Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Mientras no se logre eso, el Estado seguirá incumpliendo las sentencias que al respecto emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual ocurre con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) y el magnicidio de monseñor Romero; como en estos dos hechos, hay más recomendaciones de la CIDH en otros que también no han sido acatadas.
Y esa deuda es más amplia, pero mucho más amplia, si se considera toda la dimensión de los atropellos a la dignidad humana que se cometieron antes y durante la guerra; es mayor si no se cae en la tentación de finiquitarla con merecidas conmemoraciones para Romero, sin hacer lo debido en el caso de Roque Dalton; es algo esencial pero pendiente, si sólo los mártires jesuitas son condecorados mientras Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth –que fueron ejecutadas con ellos– siguen siendo ignoradas. Lo peor de todo esto es que no se han cerrado las heridas, como sostienen algunas voces interesadas. Al contrario, siguen abiertas en las familias de las decenas de miles de personas ejecutadas, desaparecidas, detenidas y torturadas. Y se siguen abriendo otras con la violencia de la posguerra, lacerando aún más el cuerpo doliente de la Patria. Los responsables de la barbarie, por su parte, permanecen tranquilos pues son “intocables”.
A diferencia de los anteriores, el actual gobierno cuenta en su haber algunas iniciativas positivas que acompañan a su elocuente discurso en el exterior. El “Servicio Internacional de Solidaridad con América Latina Mons. Romero”, reconoció la exaltación de la figura del arzobispo como “guía espiritual” del mandatario y “la aceptación, ante la CIDH, de la culpabilidad del Estado salvadoreño en la falta de justicia en este caso”. Pero también puso el dedo en la llaga, de la siguiente manera: “Expresamos nuestra preocupación por la falta de investigación en esta caso y, también –en consonancia con la opinión del señor Procurador de los Derechos Humanos, de otros sectores de la sociedad salvadoreña y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos– nuestro rechazo a la Ley de Amnistía General porque contribuye a mantener la impunidad en El Salvador e impide la verdadera reconciliación del país”.
He ahí el reto más grande para equilibrar la palabra con la obra: superar la impunidad, de una vez y para siempre. Se homenajeó de forma póstuma a los seis jesuitas y a Romero; también se reconoció la responsabilidad estatal en las graves violaciones de derechos humanos por acción u omisión. Sin duda, se trata de tres hechos inéditos pero lógicos. ¿Quién podía esperar algo así del partido fundado por el mayor Roberto D’Abuisson? Supongo que nadie. Por eso, para marcar la diferencia de fondo, hace falta que el actual gobierno emprenda una decidida cruzada por la verdad y la justicia para todas las víctimas sin distinción; que conste: las de uno y otro bando.
El 16 de julio del presente año se reunió por primera vez la Comisión de Reparación a Víctimas de las Violaciones a Derechos Humanos. Su única finalidad –tal como anunció Funes seis meses atrás, al darla a conocer el 16 de enero– será proponerle “la adopción de medidas para la reparación moral, simbólica y material, dentro de las posibilidades que las finanzas del Estado permitan, y con la obligación de ofrecer resultados concretos”. Mis aprensiones sobre dicha iniciativa las expresé en ContraPunto el 23 de enero, siete días después de haberla anunciado el mandatario; lo hice en la columna titulada “Reflexiones y dudas sobre el perdón”.
Para que acepte gustoso que no tuve razón entonces, habrá que esperar si los resultados de la labor desarrollada por esa Comisión están a la altura de monseñor Romero. Si brillan la verdad y la justicia para todas las víctimas, insisto, seré el primero en aplaudir; pero si no pasan de esa “única finalidad”, ocurrirá lo que un destacado e histórico salvadoreño dijo de los gobiernos mexicanos “priístas” de las décadas de 1970 y 1980: Defendían los derechos humanos… ¡pero del esmog para arriba!
Del esmog para arriba… - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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