Contra Punto-El debate sobre las candidaturas independientes - Noticias de El Salvador - ContraPunto

Luis Armando González.13 de Agosto. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR - La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de las candidaturas independientes ha suscitado un intenso debate. El asunto tiene una dimensión jurídica indiscutible; y sobre esa materia –en lo que tiene de fundamentación constitucional— la última palabra, más allá de lo digan quienes cuestionan la mencionada resolución, la tienen los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Se podrá debatir lo que se quiera sobre la pertinencia o no de aceptar las candidaturas independientes; de hecho, el debate sobre ese u otro tema relevante para la vida nacional  –si es realizado con madurez y seriedad— tendrá efectos positivos en un ambiente tan poco dado a contrastar opiniones y a medir la fuerza de argumentos diferentes. Pero eso no debe significar invalidar o restar legitimidad a las atribuciones de la Sala de lo Constitucional, pues en ese caso se estaría atentando contra el ordenamiento institucional del país.
Asimismo, no se requieren mayores luces para caer en la cuenta de que en el tema de las candidaturas independientes lo que está en juego no es tanto de carácter jurídico, sino más bien de naturaleza política. Como en muchas otras situaciones, aquí lo jurídico no sólo se traslapa con lo político, sino que le sirve de expresión.
Tanto del lado de quienes aprueban la resolución de la Sala de lo Constitucional –que apuestan por una profundización de la democracia con las candidaturas independientes—, como del lado de quienes la rechazan por ver en la misma una amenaza contra el monopolio partidario –y cupular— de las candidaturas a cargos de elección popular, en ambos casos, las implicaciones son claramente políticas.
Quienes adversan la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional podrán decir lo que quieran sobre la sinceridad de sus preocupaciones jurídicas, pero lo que los atormenta es la posibilidad de que en la competencia electoral irrumpan candidatos no amarrados a partido alguno y que, más aún, esos candidatos puedan debilitar las posibilidades de las dirigencias partidarias de acceder a cargos de elección popular o ser reelegidas una y otra vez para los mismos. Cae por su peso que la preocupación por los candidatos no amarrados a partidos no tiene ningún sentido, pues desde hace un tiempo para acá se ha hecho cada vez más común que algunos diputados se declaren independientes, divorciándose del partido que los promovió. Y ni modo, los partidos y sus cúpulas deben lidiar con esos “independientes” sin hacerse mayores problemas.
Y así como son de poco serias sus “preocupaciones jurídicas”, igual de poco serias son sus preocupaciones por la salud de la democracia salvadoreña, la cual más bien parece ser algo poco importante para muchos (y muchas) dirigentes políticos de El Salvador. Un ejemplo de ello, entre otros que se pueden traer a cuenta, es la sumisión que los partidos –concretamente, sus cúpulas— exigen a sus diputados, violentando el mandato constitucional que los obliga a ser representantes del pueblo y a no estar sometidos al mandato imperativo de los partidos.
La tesis de que con candidatos (o candidatas) independientes se abre la posibilidad de un protagonismo política de personas con trayectorias oscuras o vinculadas al crimen organizado tiene poco fundamento. Y es que la tesis opuesta es que los partidos cierran esa posibilidad, lo cual no es cierto. Son abundantes –y buena parte de ellas razonables— las críticas a la poca solvencia profesional y moral de determinadas figuras públicas, catapultadas desde partidos políticos, como para aceptar que estos son el mejor (y exclusivo) instrumento para la promoción de quienes decidirán, desde el Estado, los destinos del país. 
Más aún, los partidos políticos deberían someterse –y ser sometidos—a un examen riguroso acerca de sus fuentes de financiamiento, las trayectorias de sus miembros –sobre todos de sus cuadros de dirección—, los criterios y  normas de promoción interna, los criterios y normas para la selección de candidatos y candidatas a cargos públicos, etc. Es seguro que varios de los partidos existentes no pasarían las pruebas mínimas de solvencia y de limpieza que hoy algunos de sus voceros perciben como una amenaza que se generaría con las candidaturas independientes.
Por último, constituye una bofetada a los ciudadanos y ciudadanas creer que ellos y ellas no tienen la capacidad para discernir las capacidades y compromisos –o las debilidades, oportunismo y trayectorias poco claras— de quienes decidan postularse como candidatos independientes en una determinada contienda electoral. No carece de sentido presumir que por más candidatos y candidatas independientes decidieran someterse al escrutinio popular, muy pocos y pocas sobrevivirían al mismo. Lo deseable sería que fueran los mejores; y si esta fuera el caso, la vida política del país se vería enriquecida.

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