Por Magdalena Flores. 19 de Agosto. Tomado de Contra Punto.
El caso de monseñor Romero duerme el sueño de los justos, y pese a algunos signos alentadores, el Estado no ha hecho nada por investigar a los responsables intelectuales y materiales del crimen.
SAN SALVADOR – El Estado salvadoreño sigue sin cumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en torno al magnicidio del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, a pesar de que uno de sus órganos, el Ejecutivo, ha dado algunas señales positivas en cuanto al cumplimiento de esas resoluciones, dijo una organización ciudadana.
En el caso Romero la Corte-IDH resolvió, en el 2000, que el Estado salvadoreño es responsable de la violación al derecho a la vida, las garantías judiciales y a la tutela efectiva. Le compete también dar a conocer la verdad de lo sucedido.
Y recomendó, entre otras cosas, investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del homicidio de Romero para que sean juzgados; así también pidió que se derogara la Ley de Amnistía, promulgada en 1993. Esta impide que se investigue los crímenes que ocurrieron durante la guerra.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, por escuadrones de la muerte. Él siempre se caracterizó por defender a los más pobres y desprotegidos, y eso lo puso en la mira de los grupos de ultraderecha.
Pasitos insuficientes
Desde la resolución de la Corte-IDH del 2000, el único órgano del Estado que ha dado “pistas de querer cumplir es el Ejecutivo”, dijo Loyda Robles, de la Concertación Monseñor Romero.
“Sí ha habido cambios, eso no lo podemos negar porque se han hecho algunas cuestiones que antes no se hacían, empezando por reconocer lo vinculante de los informes de la Comisión Interamericana al Estado salvadoreño, los otros gobierno no lo habían hecho”, reconoció Robles.
La izquierda se hizo con el poder desde el triunfo electoral, en marzo pasado, de la ex guerrilla el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque su margen de maniobra es poca, pues las decisiones las toma el presidente, Mauricio Funes, ideológicamente más cercano a la socialdemocracia.
Sea como fuere, la representante de la Concertación agregó que “sí ha habido intentos de parte del Ejecutivo de darles cumplimiento, pero a nuestro criterio se están quedando cortos aún”.
El Estado se ha concentrado en tres de las ocho recomendaciones emitidas por la Corte-IDH, dijo Fredys Sandoval, también de la Concertación. Básicamente se han basado en el perdón, y en la posible construcción de una plaza y un documental en su honor.
Sin embargo, agregó que en cuanto a la construcción de la plaza sólo se han tenido reuniones con cancillería para hablar del lugar en el que podría erigirse; y que en cuanto al documental nada más han tenido una reunión con un representante del Canal 10, propiedad del Estado.
Dijo que son conscientes de que esto llevará su tiempo, y que consideran que se está dentro del tiempo aceptable.
Pero el Estado no ha movido un dedo por cumplir una de las recomendaciones más importantes, ya mencionadas: esclarecer el crimen, que conmocionó al país y al mundo entero. La Comisión de la Verdad, de 1993, estableció que detrás del asesinato de Romero estaba el Mayor Roberto D’aubuisson, fundador del partido ARENA y también, de los tristemente célebres escuadrones de la muerte. Pero desde entonces, ninguna instancia estatal ha indagado más al respecto.
En cuanto a la abolición de la Ley de Amnistía, el gobierno de Mauricio Funes se ha mostrado reacio a interponer un anteproyecto de ley ante el Congreso para derogarla, aduciendo, como lo hacían los gobiernos de derecha, que no es conveniente abrir las heridas del pasado.
Sandoval dijo que desde que la Corte-IDH emitió su resolución el poder Legislativo y Judicial “no se ha manifestado públicamente, ni menos expresar cómo en el tiempo van ir cumpliendo las recomendaciones”.
La Concertación Monseñor Romero está pidiendo que las demás partes del Estado respondan también, y consideran que el Ejecutivo puede realizar un trabajo de mediador.
“Él (presidente) es el representante como Estado ante la Corte-IDH, no puede excusarse de realizar acciones de cara al cumplimiento a las otras recomendaciones de la Corte, que es la investigación efectiva y la derogación de la Ley de Amnistía”, dijo Robles.
“Si bien es cierto entendemos que no le compete directamente al Ejecutivo pero sí, ellos si tiene la facultad para ejercer cierta injerencia con los otros sectores, inclusive con la fiscalía”, agregó, en referencia a que Funes ha afirmado públicamente que ya cumplió con su responsabilidad al pedir perdón.
ContraPunto intentó conocer la posición gubernamental pero fue imposible.
Perdón a medias
Este martes la Concertación Monseñor Romero, en el marco de las actividades para honrar el natalicio del arzobispo – el 15 agosto- señaló su descontentó con la petición de perdón que realizó el presidente Mauricio Funes.
El pasado 24 marzo, en el contexto de la inauguración de un mural en honor a Monseñor Romero, en el aeropuerto internacional, el presidente pidió perdón por el asesinato del clérigo.
Desde entonces la Concertación Monseñor Romero ha estado analizando dicha disculpa y esperaron la fecha del natalicio de Romero para expresar su inconformidad.
Para ellos el acto tuvo que ser único y exclusivamente para pedir perdón, en el cual participara no sólo el hermano de monseñor, Gaspar Romero, sino también la Iglesia y la población en general, que fueron también afectados por el homicidio.
“Consideramos que el acto debió de ser solemne y exclusivo, y requería la presencia de los tres poderes del Estado, de la Fiscalía General de la República representando al ministerio público, de la Fuerza Armada y destinatario del perdón – el pueblo-”, dijo Robles.
Aunque reconocieron que en el acto de perdón Funes le cedió la palabra al hermano de Monseñor, Gaspar Romero, dijeron que la Corte-IDH establece en su informe que los afectados en el caso Romero no fueron únicamente los familiares.
Bajo el ojo internacional
El caso de Monseñor Romero no es el único que duerme el sueño de los justos. También está el de las hermanitas Serrano Cruz, desaparecidas forzadamente en 1982 durante un operativo militar.
El caso de las niñas Serrano Cruz se convirtió en la primera condena internacional del Estado salvadoreño en 2005.
El gobierno en turno, a manos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no le dio mayor importancia al caso, a tal punto que en marzo de 2006 el entonces presidente, Antonio Saca, realizó un acto en el que se suponía que el Estado pediría perdón a la familia Serrano Cruz, pero sólo lamentaron los hechos sucedidos.
A dicho evento ni siguiera participó Saca, sino que mandó al canciller de Relaciones Exteriores, Francisco Laínez.
Hasta el momento sigue sin cumplirse totalmente la condena emitida por la Corte-IDH en relación a ese caso.
También está el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón (UCA), ejecutado por un comando militar en noviembre de 1989.
Dada la impunidad que ha imperado en la justicia nacional en torno al caso jesuitas, también se tuvo que acudir a la justicia internacional. Actualmente la Audiencia Nacional de España lleva el caso.
Es posible que esa instancia gire detención contra 14 ex militares involucrados de planear y ejecutar el crimen, entre los que encuentran dos ex ministros de Defensa. También está considerando incluir al ex presidente Alfredo Cristiani, pues según testigos él conocía que se iba llevar a cabo la masacre.
Hay otros casos de mucha resonancia que podrían llegar en un futuro a instancias internacionales, ante la inoperancia de la justicia local, como el del poeta Roque Dalton, asesinado el 10 de mayo de 1975, por sus entonces compañeros de armas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Desde que la familia Dalton interpuso en mayo pasado la demanda ante la Fiscalía General de la República, para que investigue el caso del poeta, no han recibido ninguna respuesta. La fiscalía no ha dicho si acepta o rechaza el caso, por lo que están denegando justicia, dijo un abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Monseñor Romero aún clama por justicia - Noticias de El Salvador - ContraPunto
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.