EDH-"Centro de escuchas"

 Luis Mario Rodríguez R.19 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.

Ha sido vergonzoso escuchar al representante de la Embajada de los Estados Unidos de América, negar el ofrecimiento de su país para la obtención de los 22 millones de dólares que necesita la Fiscalía General de la República para la instalación del centro de escuchas telefónicas. Este mecanismo debería estar operando hace ya varios meses en dicha entidad del Ministerio Público, en cumplimiento de la reforma constitucional y la posterior ley secundaria que dio luz verde a la posibilidad de intervenir las telecomunicaciones, pues junto al involucramiento de la Fuerza Armada y la aprobación de la ley de proscripción de pandillas con las mejoras que ésta requiere, podría producirse un impacto bastante efectivo para el combate de la delincuencia y el crimen organizado.

Es vergonzoso no porque Estados Unidos, país generoso y amigo, niegue esa cantidad de dinero. Los norteamericanos han comprobado su buena voluntad con países de "renta media", cuando El Salvador resultó favorecido por la "Cuenta del Milenio" con la entrega de más de $400 millones para el desarrollo de la Zona Norte. Da pena ajena insisto, cuando nuestros funcionarios deben mendigar los recursos que por ley tienen derecho a recibir por parte del gobierno central, sin esperar que la mano generosa de países amigos u organismos internacionales, disponga la entrega de recursos para resolver un problema que sólo nos compete a los salvadoreños.

Depender de tales circunstancias, simplemente retrasará la posibilidad que la Fiscalía General cuente con un sistema que con seguridad contribuiría a una mejor y más eficaz investigación del delito. Los Estados Unidos han ofrecido el equipo y la capacitación para la implementación de este nuevo recurso contra la criminalidad; lo mínimo entonces que podría esperarse de quienes detentan el poder público, es la entrega de los fondos necesarios para que el Centro opere en un lugar decente y seguro, y quienes estén a su cargo reciban la mejor capacitación, con el conocimiento de los avances tecnológicos que actualmente existen para este tipo de procedimientos investigativos.

Somos conscientes de la falta de recursos por parte del Estado. Sin embargo, las prioridades de un gobernante deben ordenarse en función de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos. En tal sentido, en un país donde los problemas abundan y el dinero es escaso, probablemente es preferible prorrogar la modernización del aeropuerto, la promoción del país en el exterior o cualquier otro proyecto que persiga la atracción de inversión, con tal de resolver una de las más pesadas anclas que no dejan zarpar el barco del desarrollo nacional. Si lo queremos hacer todo, para quedar bien con todos, principalmente en un año preelectoral, simplemente terminaremos haciendo poco, los problemas se agravarán y tendremos que suspender más proyectos de inversión para reorientar los recursos al combate de la delincuencia, que habrá ya contaminado a la mayoría de instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia.

Lo más grave del asunto es que las declaraciones de falta de financiamiento para la lucha contra la delincuencia y el intercambio de reclamos entre las diferentes autoridades, se protagoniza públicamente, frente a la risa burlona del hampa, que sí cuenta con recursos de sobra para sobornar funcionarios, comprar pandilleros, armarse hasta los dientes y adquirir sus propios equipos de escucha. Las negociaciones de fondo que deberían celebrar la oposición y el gobierno, en privado y de una forma seria, son precisamente aquellas que tengan como fin último la obtención del financiamiento necesario, ya sea a través de préstamos internacionales o por medio de contribuciones especiales, que al mejor estilo de FOSALUD, estaríamos todos dispuestos a pagar, si con tales medidas se nos garantizan resultados efectivos para disminuir los índices de delitos como la extorsión, los homicidios o el secuestro.

Es cierto, debemos incentivar la actividad económica para que la recaudación tributaria aumente. Pero estamos en un círculo vicioso, donde la inseguridad ciudadana impide que los empresarios locales y extranjeros se animen a invertir, con lo cual se generaría empleo, el consumo se incrementaría y las arcas del Estado obtendrían más dinero. El "Pacto de Nación", dentro del cual necesariamente debe discutirse un pacto fiscal, es ahora más que nunca una aspiración que deberíamos impulsar todos los sectores, personas e instituciones que deseamos ser testigos de un mejor El Salvador.

Si seguimos con el juego de qué es primero, si "el huevo o la gallina", si generar crecimiento económico o disminuir antes la delincuencia para que las inversiones florezcan, llegaremos al 2011, donde los políticos piensan en su reelección y las políticas públicas pasan de ser parte de un programa de gobierno a una de las estrategias de la contienda electoral, con el agravante que en el 2013 llegamos a otro año preelectoral para la carrera presidencial, en la que muy probablemente los actores sean de nuevo "el miedo" contra "el cambio", quedando el problema de la inseguridad en un lejano segundo plano.

Está muy bien la visita del Presidente Funes a Brasil y el apoyo empresarial que recibió de parte de las organizaciones gremiales, tanto brasileñas como salvadoreñas. A todos los que simpatizamos con el modelo brasileño implementado por "Lula da Silva" vis a vis el modelo venezolano, nos tranquiliza que sea el primero y no otro, el camino para el desarrollo que está adoptando el Gobierno de la República. Pero ese es un escalón que está por encima del de la delincuencia y no podemos subir las gradas de dos en dos, obviando un problema de enorme magnitud como el de la seguridad pública.

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