Mientras los diputados tienen casi dos meses estudiando la ley antipandillas, estos grupos delictivos recrudecen sus acciones como extorsiones, homicidios y secuestros
20 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.
La aparente disminución de la delincuencia durante julio parece que terminó. Las pandillas han intensificado las extorsiones y homicidios; en los últimos días han reaparecido dobles y triples homicidios, cadáveres embolsados, niñas decapitadas, y el sector transporte ya registra 101 víctimas por negarse a pagar los chantajes.
En su afán por cumplir los objetivos del "Plan 503", las pandillas han incrementado su actividad delictiva y sus cabecillas han ordenado arreciar con la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros.
Sólo en agosto, las estadísticas policiales reflejan un repunte de homicidios en comparación a julio; los crímenes con lujo de barbarie se repiten y las investigaciones policiales se limitan a justificar que se trata de supuestas riñas entre pandillas o ajuste de cuentas, sin ir tras los asesinos.
Muestra de ello fue el bárbaro ataque a un microbús en Mejicanos, justo hace un mes, donde murieron 17 personas quemadas y más de 20 masacres y ataques con armas largas que han dejado más de un centenar de víctimas.
Mientras los pandilleros arrecian la criminalidad y los registros de la Policía sobrepasan los dos mil homicidios, las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública buscan combatir contra las maras con una Ley de Proscripción de Pandillas o Maras y Grupos de Exterminio, la cual se mantiene estancada en la Asamblea Legislativa después de una estéril consulta con diferentes sectores del país.
La cifra de masacres cometidas en lo que va del año ha sido histórica. Después de la guerra no se habían cometido tantos múltiples crímenes como este año.
Una de las masacres más bestiales fue la perpetrada justo hace un mes contra una familia en la colonia Utila en Santa Tecla, donde fue asesinado José Antonio Torres, de 58 años, su madre María Graciela Galdámez de Torres, de 74 años, y su padre, el español Manuel Antonio Torres Hernández, de 80 años. Hasta la fecha el ataque se mantiene en la impunidad y con pocas pistas. Nadie ha sido detenido por el caso.
Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fueron torturadas y asesinadas con lujo de barbarie. Los asesinos también robaron objetos de valor y dinero en efectivo.
El otro ataque cometido con armas blancas y de fuego en Panchimalco, contra una humilde familia, causó la muerte de un hombre y sus dos hijas. Además las víctimas fueron violadas. Los asesinos, varios pandilleros de la 18.
A los múltiples ataques se les suma la última racha de personas que han sido asesinadas y luego sus cuerpos han sido abandonados atados de pies y manos en varias carreteras de todo el país.
El Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía tiene identificados 33 "programas" que estarían integrados por más de un centenar de clicas o grupos de pandillas. Investigadores de la Policía confirmaron que las pandillas siguen recolectando dinero producto de sus actividades delictivas como secuestro, extorsiones, venta de drogas y sicariato.
El dinero es distribuido para el pago de abogados para la defensa de los cabecillas, la manutención de sus familias y de otros pandilleros, y la compra de armas de grueso calibre que les permita cometer hechos delictivos de gran envergadura.
Las directrices que los cabecillas de las pandillas dieron a los menores miembros de maras, a través del denominado Plan 503, era que tenían que cometer el mayor número de homicidios, extorsiones, ventas de drogas y traficar armas.
Además contemplaba reclutar a menores para engrosar las filas de las maras. Otras de las directrices que se contemplan en el Plan 503 es la utilización de los menores para secuestrar y matar con el propósito de ganar "liderazgo" dentro de las pandillas.
Según informes policiales, los pandilleros se sirven de los menores también para que vigilen e informen de la llegada de los policías o rivales a las zonas controladas por ellos.
Fuentes judiciales y policiales confirmaron que en gran cantidad de asesinatos y chantajes se han detenido a menores de edad.
Pero, los diputados de la Comisión de Seguridad promovieron aumentar las penas para los menores que cometan delitos graves. Las pena máxima subió a 15 años de cárcel. Varios funcionarios de Seguridad no estuvieron de acuerdo con la medida ya, para ellos, la mejor forma de combatir la criminalidad es la prevención.
Los investigadores atribuyen que el "Plan 503" fue creado por la mara Salvatrucha dirigida por Saúl Turcios Ángel (a) El Trece, principal cabecilla de esa estructura criminal. El marero ha sido condenado a más de 50 años por homicidio y secuestro.
El plan criminal también incluía buscar los beneficios a los cabecillas de las estructuras criminales de la MS en los penales.
En julio de 2009, las autoridades de Centros Penales, ordenaron cambiar de cárcel Arístides Dionisio Umanzor (a) El Sirra, compinche de El Trece, con lo cual se desató una oleada de robos de autos, homicidios y secuestros.
A sólo una semana de haber sido El Sirra, trasladado de Zacatraz al penal de Gotera, los delitos como robo de carros, secuestros y homicidios se incrementaron, luego del yerro de las autoridades, el pandillero fue reenviado al penal de máxima seguridad dos meses después.
Además, las medidas de seguridad y el tratamiento de los cabecillas de pandillas en las cárceles cambiaron gracias a las mesas de La Esperanza, que fueron creadas por las autoridades de Centros Penales, los convictos lograron más beneficios penale
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