EDH-Sala de lo Constitucional sin consenso en temas clave

Tras la sorpresiva resolución que avala las candidaturas independientes, la Sala de lo Constitucional ha bajado el ritmo de las discusiones de casos de interés para el país » Sigue en el tintero de los magistrados la penalización a la libertad de expresión, las demandas a la ley de Presupuesto, el TLC y los fideicomisos

19 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.

Temas de gran incidencia nacional como la penalización de la libertad de expresión, la ley de Presupuesto, el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos y los fideicomisos para las pensiones, seguridad y educación siguen en el debate de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero sin vislumbrar una respuesta satisfactoria a los intereses de los ciudadanos a corto plazo.

A estas demandas se suman las reformas a los 75 años como pena máxima de prisión, la eliminación del régimen especial de internamiento en prisiones de máxima y mediana seguridad y la figura del testigo criteriado (reo confeso que colabora con las autoridades).

Tras el impacto que causó el aval a las candidaturas independientes y el desbloqueo de las listas de candidatos que participan en elecciones y las múltiples críticas recibidas, los magistrados han bajado el ritmo a estas demandas, resolviendo otro tipo de amparos, habeas corpus (exhibición personal) e inconstitucionalidades.

Según abogados constitucionalistas, en esta resolución en mención, que fue emitida dos días antes de las vacaciones agostinas, los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González modificaron normas pétreas del país, al determinar que se puede aspirar a cargos de diputado o alcalde sin pertenecer a un partido político.

El artículo 85 de la Carta Magna establece que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, "que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno".

Similar camino llevaría la demanda contra la legalidad del artículo 191 del Código Penal, que despenaliza la crítica periodística y avala la libertad de expresión de cualquier ciudadano.

Según fuentes que tuvieron acceso al proyecto de resolución, y que pidieron anonimato, se está considerando abrir la puerta para penalizar parcial o totalmente no sólo a los periodistas, sino también a los editores y directores de medios.

Tras recibir múltiples exhortaciones de parte del Presidente de la República, Mauricio Funes; el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas; la empresa privada y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para que no fallen en contra de la libertad de expresión, los cuatro magistrados continúan el debate y han dado prioridad a otros casos que aún les falta más discusión. Ejemplo de ello fue la resolución de las candidaturas independientes.

El único magistrado que hasta el momento está en contra de este tipo de fallo es Néstor Castaneda, al igual que lo estuvo para la resolución de las candidaturas independientes, se informó.

Desde que se conoció que el estudio del recurso estaba en la recta final, a inicios de este año, El Diario de Hoy ha publicado retomado de la jurisprudencia internacional los casos de periodistas y ciudadanos que han sido condenados por publicar una opinión o una investigación que no le ha parecido a funcionario, pero que luego han sido reivindicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ha condenado a los Estados por sancionar la libre expresión.

Presupuesto

La atención de los magistrados también está centrada en la ley de Presupuesto que tiene otra demanda pendiente de resolución. La parte demandante señala que es ilegal la transferencia de fondos no utilizados por los ministerios a la Cartera de Hacienda y de ésta a Casa Presidencial. El Presidente Funes, por su parte, ha explicado que necesita de esa disposición de fondos y que todo está sujeto a auditorías.

Pero uno de los demandantes, el ex vicepresidente Enrique Borgo Bustamante, señala que es la Asamblea Legislativa a quien la Carta Magna faculta como la única responsable de avalar la derogación y movimiento de fondos.

Al respecto, el diputado pedecista Rodolfo Parker calificó de "show" el que los magistrados vengan a resolver esta demanda en este momento, puesto que la referida legislación caduca en diciembre de este año. Según el parlamentario pedecista, de emitirse esa resolución ya no aplicaría, debido a que todas las carteras de estado presentan sus presupuestos de 2011 hasta el 30 de septiembre de este año.

"Critico a la Corte Suprema porque este proceso sí lo dilataron. Venir a dar resolución en este momento es sin sentido. La Corte desde febrero anunció que iba a emitir fallo y al contrario le dio prioridad a otra (resolución) por razones políticas. No tendría efecto jurídico (el fallo) porque todas las carteras en septiembre hacen corte, ya no tendría sentido que la transferencia presupuestaria en enero a septiembre y a estas alturas sería una payasada", aseveró el diputado.

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