Editorial.09 de Agosto. Tomado de El Faro.
Las recientes declaraciones de la ex fiscal en el caso de los diputados salvadoreños, Gisele Rivera, han vuelto a poner en entredicho las investigaciones sobre el múltiple homicidio, tanto por las autoridades guatemaltecas como por las salvadoreñas.
Rivera, abogada costarricense que investigó el caso como miembro del equipo de la CICIG, advirtió que hay gente muy poderosa involucrada en el crimen y que el hoy ex presidente de la CICIG, Carlos Castresana, decidió que no era políticamente oportuno proceder contra los otros involucrados.
Son señalamientos muy graves que deben ser dimensionados, e investigados, en Guatemala y El Salvador, pero eso requiere que las autoridades judiciales en ambos países hagan algo que hast ahoy no han hecho en el caso: investigar para determinar responsabilidades.
A pesar de las contradicciones y los parches evidentes en la versión oficial, ni la fiscalía salvadoreña ni la guatemalteca quisieron nunca llegar hasta el fondo de este asunto, en parte quizás por lo que dice la propia ex fiscal Rivera: llegar al fondo implica también llegar arriba. Altos personajes, dice ella, del poder político y económico, y otros que siguen activos en las filas de la policía.
En El Salvador, el entonces fiscal Safie logró muy pocos avances en la investigación y a pesar de que ya se conoce de involucramiento de salvadoreños en el caso, no ha habido ni capturas ni investigaciones a fondo en el país.
Guatemala acusó a un salvadoreño, el exdiputado Carlos Roberto Silva, de haber participado en la planificación del crimen, pero Silva Pereira está detenido en uan cárcel migratoria en Estados Unidos y aquí, en El Salvador, la fiscalía tampoco ha dado pasos que permitan creer que las investigaciones continuaron.
El actual fiscal, Romeo Barahona, cuya administración parece seguir hasta ahora los pasos de la de Safie, tiene la obligación de investigar este emblemático caso en El Salvador, antes de que los mismos investigadores de la CICIG terminen de desbaratar la versión oficial.
El múltiple homicidio es un caso emblemático no solo por la envergadura de las víctimas, sino porque evidenció, y confirmó con el múltiple asesinato de los autores materiales en una cárcel de alta seguridad, el nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones guatemaltecas.
El crimen contó con participación de salvadoreños, aunque aún desconocemos hasta dónde. Resolver este caso sería un golpe al crimen organizado y a una de sus principales erstructuras; ayudaría a parar el frenético avance de las organizaciones criminales en El Salvador; y también abonaría a la tan necesaria restitución de la confianza en las autoridades encargadas de la persecución del crimen. Esto es justo lo que tiene en sus manos la actual fiscalía salvadoreña, en caso de que esté realmente interesada en resolver el caso.
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