Los principales accionistas de Baterías de El Salvador están prófugos. Consideran que el gobierno de Antonio Saca, uno de derecha, les confiscó la fábrica.
Escrito por Luis Laínez.23 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
Piden definir al contaminante
Los principales accionistas de Baterías de El Salvador aparecen en la página web de la Policía Internacional (INTERPOL). El Gobierno salvadoreño los persigue por “delito ambiental”.
LA PRENSA GRÁFICA pudo conversar con ellos —José Ofilio Gurdián Lacayo, Ronald Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini— y aseguran que desde diversos ministerios de la administración pasada fueron bloqueados.
Primero fue la negativa del Carlos Guerrero, ministro de Medio Ambiente, de aprobarles hornos nuevos para reducir a 2% la escoria resultante del proceso industrial. Luego lo acusan de haber obstruido los permisos ambientes, un tema que incluso el Tribunal de Ética Gubernamental condenó, pero que fue conocido hasta que Guerrero dejó el ministerio.
No se creen el argumento de que la fábrica fue cerrada porque una unidad de salud no les dio permiso.
“Nunca habíamos dejado de tener un permiso de salud. No extendieron la renovación por la investigación, iniciada a raíz de una denuncia falsa. Y a los cuatro meses dictaminan que no había razón para no extenderlo. Tampoco hubo tiempo para apelar”, señala Ronald Lacayo.
José no cree que un ministro de Salud, Guillermo Maza, haya dado la orden de destruir la fuente de empleo de 800 personas y el tercer exportador del país. Considera que la orden vino del ex presidente Antonio Saca.
“Se trata de la primera confiscación en 20 años en Centroamérica”, se queja José Lacayo, y hace hincapié en que no la hizo ningún gobierno de izquierda, sino uno de derecha.
Ronald señala que el cierre de la planta se ordenó el mismo día que el ex presidente estaba en Nueva York hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una cumbre de cambio climático.
Por eso aseguran que entablarán una demanda contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, el centro de arbitraje del Banco Mundial).
“Es un residuo del gobierno pasado, pero tiene que resolver este”, explica José Lacayo.
No obstante, considera que la notificación del resultado debe darse a los funcionarios del gobierno pasado. José Lacayo señala que luego de la condena iniciarán una demanda penal contra el responsable y creará una fundación para los hijos de los ex empleados de Récord.
Están conscientes del alto grado actual de contaminación en la planta. “El ambiente ácido lo carcome todo. Teníamos más de 50 empleados de mantenimiento. Al suspender la fuente de calor, hay una corrosión acelerada. Y más por el cierre abrupto”, señala Ronald Lacayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.