El acceso ciudadano a la información de las instituciones públicas no es una concesión que los políticos o los gobiernos hacen a la ciudadanía. Al contrario, es un derecho básico en una democracia. Sin transparencia informativa no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas no hay verdadera democracia.
Escrito por José M. Tojeira.20 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
El acceso a la información no es más que un signo de dónde está el poder. Si el ciudadano tiene acceso a la información es evidente que el poder está en él. Si el ciudadano no tiene acceso el mensaje es claro. El Estado se ha puesto por encima de las personas y en el caso salvadoreño se ha violado uno de los principios fundamentales de la Constitución. Porque si “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado” (artículo 1 de la Constitución), en ningún momento el Estado puede negar el acceso de la ciudadanía a la información.
Es cierto que por razones de seguridad puede haber alguna información restringida, pero en cualquier democracia que se precie de ese nombre, al menos algunos representantes de la Asamblea Legislativa deben tener acceso, incluso a la información considerada confidencial en el Ejecutivo. Y por supuesto los jueces, en el ejercicio de su autoridad, no pueden tener restricciones de ningún tipo.
En la tradición autoritaria y poco democrática de nuestro sistema de gobierno la transparencia ha sido prácticamente nula. Llegando hasta el extremo de negar principios constitucionales en la elaboración del presupuesto, como cuando la cantidad asignada al Organismo de Inteligencia del Estado no aparece mencionada.
La mal llamada partida secreta presidencial está ahora a punto, según afirmaciones periodísticas, de ser catalogada como inconstitucional por convertirse, a través de un procedimiento poco transparente, en un mecanismo de burlar el control legislativo. Con independencia de las decisiones que tome la Sala de lo Constitucional, lo cierto es que ese modo de transferir recursos de los ministerios a Casa Presidencial es un mecanismo más propio de dictaduras que de cualquier sistema democrático. De seguir existiendo, los ciudadanos deberíamos comenzar a llamarla partida corrupta presidencial.
Es muy claro que dadas las emergencias que afectan a El Salvador, la partida presupuestaria presidencial debe ser mayor de lo que ordinariamente se presupuesta. Pero debe estar muy claro cuál es la partida para emergencia, qué se va a hacer con esa partida si no hay emergencias, etc. Si hay partida confidencial para seguridad, deben establecerse mecanismos parlamentarios de control, así como sanciones, que puedan llegar a la destitución, para cualquier funcionario electo o no electo que viole el secreto. La discrecionalidad y los secretos son siempre peligrosos y los abusos en el pasado han sido constantes.
Urge en este sentido la ley de transparencia. Es necesario que sea seria y no ofrezca trucos y triquiñuelas que restrinjan los derechos ciudadanos. No hay mayor seguridad jurídica que una democracia fiel a los principios de la misma. Lo contrario es discurso, engaño y estafa a la persona de la que se afirma ser origen y fin del Estado.
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