Los grupos criminales lanzan un desafío sin precedentes al Estado. El gobierno afirma que la situación está controlada mientras la gente no halla cómo regresar a sus casas.
Por Fernando de Dios.09 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – No es la primera vez que pasa, pero en esta ocasión los grupos violentos han ido a un nivel mayor. Con sus amenazas al transporte público, que afecta como pocos a la vida diaria de la población, han paralizado parte de la actividad del país y han conseguido sembrar la zozobra.
“A lo que hemos llegado. Hoy resulta que ellos (mareros) ponen las reglas del juego”, expresó una mujer que se movilizaba en un pick up entre Soyapango y San Salvador la mañana de este martes.
No pudo viajar en bus, como a diario, porque al menos un 60% de las rutas de transporte público pararon en todo el país después de que entre la tarde y la noche del lunes empleados y empresarios recibieran amenazas escritas, verbales y telefónicas para que no salieran hoy a trabajar.
“Las amenazas han llegado por medio de papeles escritos, y a otros motoristas se les han subido (a las unidades), los han encañonado y les han dicho: díganles a los empresarios y a sus compañeros motoristas de que no queremos buses trabajando”, dijo Manuel Moreno, presidente de la Asociación del Transporte Público (ATP).
El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, declaró a ContraPunto que “la mayor parte (de las amenazas) yo me di cuenta por los motoristas que les dijeron, pero de ahí salió este señor de Fecoatrans, haciéndoles el favor de hacerlo público”.
Se refería al presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda, quien la pasada noche apareció en un canal de televisión enseñando uno de los panfletos amenazantes firmado por la Mara 18.
La rúbrica que sellaría la amenaza fue la quema de un microbús de la ruta 29F en San Bartolo, Ilopango, sucedida también en la noche del lunes.
Paro en todo el país
Según Manuel Moreno, de los afiliados a su asociación, esta mañana no han salido a circular entre un 70 y un 80%. La amenaza, afirmó, fue a nivel nacional, y como informó el viceministro de Transportes, Nelson García, la zona más afectada fue el oriente del país, los departamentos de San Miguel y Morazán, donde el paro fue prácticamente total.
También la zona occidental sufrió los paros, principalmente las ciudades de Santa Ana y Sonsonate, si bien a mediodía se prestaba servicio prácticamente con normalidad, según García.
En la capital del país, las zonas más afectadas fueron las del nororiente y oriente; Ilopango, Apopa y sobre todo Soyapango, donde no circulaba prácticamente ninguna unidad.
Pero también las rutas interdepartamentales fueron víctimas del caos, como las rutas 111 y 112, que de Cabañas conducen a San Salvador, y la rutas 301, 304 y 306 que unen la capital con San Miguel.
Otras, como la ruta 110, que de San Sebastián conduce a San Salvador, dieron el servicio parcialmente.
Las paradas de buses desde el trayecto de Cojutepeque a San Salvador lucían abarrotadas de personas que esperaban ansiosamente cualquier medio de transporte que les permitiera llegar a su lugar de destino.
Los que corrieron con mejor suerte se movilizaron en pick up y camiones, aunque éstos venían a más no poder, mujeres y hombres colgando.
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, dijo que ya se han destinado 28 camiones de la Fuerza Armada para transportar pasajeros, algo que no se veía desde los días del conflicto armado, cuando la guerrilla también ordenaba paros al transporte público. El número de camiones militares podría aumentar para este miércoles, dependiendo de cómo evolucione la situación.
El ambiente desolador y un tanto alarmante se hacia sentir entre los transeúntes. Policías y soldados estaban desplegados en diferentes puntos de la carretera Panamericana.
Miranda convocó en la mañana de este martes a la prensa para denunciar que el transporte público es “un laboratorio para hacer experimentos con asesinatos, quema de unidades y sembrar el terror y el caos” para convertir a El Salvador en un “estado fallido”.
Pandillas quieren que Funes vete ley antimaras
Por la noche, la televisión local informó que las dos pandillas más fuertes, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, se responsabilizaron en un comunicado de las amenazas y de la zozobra causada en todo el país.
El comunicado fue leído por el sacerdote Antonio Rodríguez López, que actuó como vocero de las pandillas. Básicamente los pandilleros se quejaron de que el gobierno no los haya incluido en la búsqueda de soluciones al problema delincuencial, con lo cual parecieron no caer en la cuenta de que ellos mismos, los pandilleros, son responsables de buena parte de los altos niveles de delincuencia del país.
Los pandilleros pidieron al presidente Mauricio Funes vetar la Ley de Proscripción de Pandillas, recientemente aprobada por el Congreso.
Por su parte, el ministro de la Defensa dijo que es completamente incongruente que las maras estén exigiendo al gobierno una negociación y por otro lado estén asesinando a la gente.
“No veo (factible) ese tipo de negociación”, dijo el ministro a El Noticiero, del Canal 6.
Contra el comercio también
No sólo el sector transporte fue blanco de la amenazas. El mercado municipal de Soyapango estuvo cerrado todo el día porque, según varios dependientes de los puestos, recibieron la visita de sujetos que les conminaron a no acudir a sus trabajos este martes.
Los comercios informales del centro de San Salvador lucían cerrados este martes, y las calles de la zona no mostraban el acostumbrado caos vehicular generado por los autobuses.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Daboub, dijo que cerca del 60% del comercio en Santa Ana, la segunda ciudad del país, no abrió sus puertas.
“Este día el país ha perdido millones de dólares en negocios cerrados, en transporte que no ha circulado y en recursos a los que ha recurrido el gobierno para solventar este problema”, dijo Daboub.
El gobierno dice que controla la situación
El ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, convocó a los medios para manifestar que las autoridades están haciendo su trabajo y que Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerzas Armadas controlan la situación.
Según Melgar, no ha habido ninguna acción tras la citada quema de un microbús y el lanzamiento de una granada a un retén policial en Soyapango, también ocurrida en la noche del lunes.
Por tanto, dijo el ministro, estamos ante una campaña que lo que busca es atemorizar a la población, una “guerra psicológica”. También declaró que podría estar relacionada con el hallazgo de más de $10 millones el pasado fin de semana en una finca en Zacatecoluca, dinero atribuido a narcotraficantes.
“Seguramente no les ha gustado que la policía y la fiscalía les haya decomisado esas cantidades de dinero”, aventuró Melgar.
Otras autoridades, como el subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto, apuntaron que estos hechos podían ser la respuesta de las maras a la Ley de Proscripción de Pandillas aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa, como, en efecto, quedó en evidencia con el comunicado leído más tarde por el sacerdote Antonio Rodríguez.
La PNC detuvo la pasada noche a seis personas en Ilopango. Eran presuntos miembros de la Mara 18, que estaban repartiendo panfletos con amenazas a motoristas y comerciantes, según el subdirector de la institución, Mauricio Ramírez Landaverde.
El ministro Melgar enfatizó que la situación está controlada y restó importancia los muchos rumores que se extendieron a lo largo de la mañana.
“No es conveniente para el país sumarse a esas olas de rumores, porque al final eso lo único que hace es incrementar la inseguridad y no es conveniente”, dijo Melgar.
También invitó a los empresarios del transporte público “a que no nos dejemos intimidar por estas bandas criminales y que salgan a trabajar”.
Sin embargo, el motorista de un bus que cubre la ruta Cojutepeque-San Salvador, que se había salvado este martes de un ataque con arma de fuego, dijo a una televisora local que ya está pensando a qué otro oficio dedicarse, porque “si ya comenzaron (a atacarlo), pueden terminar matándome”.
El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, informó de que se han movilizado 2,000 efectivos de las Fuerzas Armadas adicionales a lo que ya estaban en labores de seguridad pública para apoyar en “la situación que se ha generado de ayer para ahora”.
“En este momento”, afirmó Munguía Payés, “las autoridades de la policía y nosotros (las Fuerzas Armadas) tenemos la situación controlada. Lo que no estamos controlando es el rumor, que causa inseguridad”.
Pero las 11:45 del mediodía, a pocos minutos de que el ministro dijera que la situación estaba controlada, era incendiado otro microbús en la localidad santaneca de Chalchuapa, saliendo lesionado el motorista, según fuentes policiales.
Aunque las autoridades se esfuerzan por transmitir un mensaje de calma, la realidad es que los rumores corren como la pólvora entre la población, que siente temor porque sabe de qué son capaces estos grupos violentos.
También son bien conscientes los empresarios y empleados del transporte público, que ha sufrido más de 110 asesinatos en lo que va de 2010 entre motoristas y cobradores de distintas rutas.
De hecho, por lo visto en la hora punta de la tarde, el mensaje del gobierno no caló, puesto que muchas de las rutas seguían sin funcionar.
La Terminal de Oriente de San Salvador prácticamente no registraba actividad. Con excepción de una ruta, el resto de autobuses que se dirigen a lugares como San Vicente, Cojutepeque, San Sebastián o San Miguel no daban servicio.
En arterias como la Alameda Juan Pablo II o el Bulevar del Ejército, la gente buscaba transporte pidiendo “jalón” a todo vehículo que pasara mientras helicópteros de la policía sobrevolaban el dantesco escenario.
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