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2010/09/14

Contra Punto-La imposible Política de Estado sobre seguridad - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Enrique Gomáriz Moraga.15 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-A mediados de esta década, cuando la violencia y la criminalidad ya comenzaban a mostrarse cada vez más incontrolables, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a tratar de mostrar experiencias de otros países que indicaran buenas prácticas en cuanto a la posibilidad de revertir el fenómeno. Diversos  expertos, pero sobre todo los de origen colombiano, señalaban que las experiencias más exitosas guardaban relación con la posibilidad de lograr un amplio acuerdo social y político para enfrentar la violencia. Esa recomendación se expresó en diversos documentos y exposiciones.
Estando de acuerdo con la idea, mi única crítica a los responsables del PNUD en la materia era que no se atrevían a decir claramente que, dada la importancia que tienen en el país las dos principales fuerzas políticas (ARENA y FMLN), se debía llegar a una concertación entre ambos, como clave política de un acuerdo nacional. Su respuesta consistió en afirmar que no existían condiciones políticas para ello y que se debía trabajar más a nivel social. Mi juicio siempre ha sido que si no se resolvía esa clave política fundamental, el acuerdo social sería muy difícil de lograr y que sería insuficiente.
Más tarde, en algunos artículos de prensa (Colatino, La Prensa Gráfica) expuse que el tema de la seguridad ciudadana requiere en El Salvador una política de Estado; esto es, que una política gubernamental, por integral que sea, no es suficiente. La experiencia es que sólo cuando hay una política que tiene el apoyo de las principales fuerzas políticas, de carácter estratégico y cuyo plazo va más allá de un periodo gubernamental, pueden obtenerse resultados sustantivos para controlar una violencia de enormes dimensiones. Donde hay políticas de Estado (en asuntos exteriores, contra el terrorismo, etc.) las fuerzas políticas discuten sobre otros temas con acritud, pero mantienen su acuerdo particular sobre los asuntos referidos a las políticas de Estado.
Concedo que el acuerdo entre ARENA y FMLN sobre esta materia es difícil de lograr. Desde el principio, ambos han utilizado el tema de la seguridad como arma política de confrontación. ARENA hacia insinuaciones acerca de la connivencia del FMLN con la criminalidad, en particular con las maras, y el FMLN aseguraba que el tema de la inseguridad era un invento de la derecha, que incluso financiaba a los delincuentes. Ninguna de las fuerzas parecía dispuesta a sustantivar el tema de la violencia y, sobre esa base, pensar en la posibilidad de un acuerdo nacional al respecto. Esto también tenía como causa que ambos no entendían a fondo la gravedad del problema de una violencia que se escapa de control.
Al respecto, todavía recuerdo la conversación con Miguel Cruz, en la UCA, poco antes de su partida a Estados Unidos, cuando le pregunté si divisaba alguna vía para controlar y comenzar a revertir la violencia. Ensombreció su rostro para confesar que no la veía.
Sin embargo, la llegada del nuevo Gobierno empezó cambiando algunas cosas del lado de la izquierda salvadoreña. Aunque con lentitud, en el FMLN comenzó a evidenciarse que su percepción anterior de la criminalidad necesitaba un giro considerable para aceptar su gravedad sustantiva. Varios funcionarios en cargos de responsabilidad en esta temática aceptaron encarar el tema de otra manera. Todavía hay ejemplos notables de esos cambios (como el reciente en el ámbito penitenciario).
Por otra parte, el Presidente Funes dio muestras desde que asumió el cargo de estar dispuesto a enfrentar la criminalidad sin reparos; incluso aceptando medidas antes denostadas, como el mantener el apoyo de la Fuerza Armada.  Además, aunque con lentitud, se ha ido elaborando una política integral de seguridad ciudadana, con bastante equilibrio entre prevención y control, y con un cuadro amplio de instrumentos. Su debilidad fundamental consiste en que cae en el mismo error que sus antecesores: está convencido de que con una política gubernamental es suficiente. Y aunque hace alusiones a que necesita del apoyo de todos, en realidad no se empeña en poder llegar a una política de Estado que parta del acuerdo entre las principales fuerzas políticas representadas en el Asamblea Legislativa.
En estas condiciones, ha tenido lugar la profunda crisis de seguridad de la pasada semana. Aquellos que tuvieron alguna esperanza en que la violencia desatada podía considerarse como una tormenta, que algún día tendrá que amainar, comienzan a darse cuenta que, por el contrario, la violencia siempre tiene vocación expansiva y que siempre puede ir de mal en peor… hasta engullirse el Estado de Derecho.
Pues bien, en medio de esta crisis, cuya gravedad nadie pone en duda, la reacción de las dos principales fuerzas políticas ha sido increíble e ilustrativa. El jueves 9 de este mes, ARENA saca un comunicado en los medios de comunicación, afirmando que esta crisis “es resultado de la actuación demagógica que ha venido desarrollando el gobierno del FMLN, quien con su discurso tolerante con los delincuentes criminales ha exacerbado el problema de seguridad”. Es decir, la misma acusación de hace diez años y el mismo uso político del tema de seguridad. Funes responde haciendo alusión al dicho popular sobre el rio revuelto y la ganancia de pescadores.
Pero el FMLN no se queda atrás. Al día siguiente (viernes 10) saca su comunicado en que afirma que la crisis responde a “acciones de desestabilización por parte de grupos interesados”, los cuales “financian, proveen de armas y apoyan logística y políticamente (a la delincuencia)”. Es decir, la delincuencia es inducida por la derecha, que la financia y apoya políticamente. La misma acusación que hace diez años y la misma interpretación del fenómeno político de la criminalidad.
Definitivamente, parece mentira que, ante la grave crisis sufrida, ambas fuerzas llamen de igual forma a todos los sectores a unirse contra su antagonista político (y claro, de paso, contra la criminalidad). Pereciera que las admoniciones del PNUD sobre que no hay condiciones para un acuerdo político nacional tuvieran toda la razón. Sin embargo, me parece que esta dificultad debería aumentar y no disminuir las presiones para lograr ese acuerdo político. Quizás en otro país, donde los principales partidos no tuvieran tanto peso en la vida nacional, podría pensarse que un acuerdo social no haría tan necesario el acuerdo político, pero no en El Salvador. Aquí, sin ese acuerdo político no será posible una política de Estado sobre seguridad, y sin una política de esa naturaleza, las políticas gubernamentales, por bien construidas que estén, seguirán siendo insuficientes. Ahora bien, sin esa Política de Estado la dificultad para revertir la violencia será extraordinaria y quienes opinan que quizás podrá verse algo de luz en diez años están bañados en optimismo. En realidad, el primer punto de una agenda de concertación social contra la violencia, que incluya organizaciones civiles, iglesias, etc., debería consistir en exigirles a las dos principales fuerzas políticas, FMLN y ARENA, que dejen de usar como arma política la inseguridad, para avanzar con urgencia a un acuerdo político nacional, que permita una Política de Estado sobre esta materia.

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