Por Carlos J. Glower.18 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
Sobre la implementación del presupuesto público como elemento de discusión política, a lo largo de distintas formas de gobierno
SAN SALVADOR-Hace siglos cuando las monarquías europeas se creían eternas, no existía el concepto de Presupuesto Público. El monarca hacía y deshacía y no rendía cuentas. Pasaron siglos para que los más cercanos al Monarca tuvieran la valentía para decirle al Rey que su poderío de gastar y tributar tenía límites. Así, después de guerras y destrucción, se estableció el hábito social de que un grupo selecto de la élite noble negociara con el Rey aspectos generales del gasto y la tributación.
Fue hace solamente unos 200 años que el concepto de Presupuesto Público entró a la discusión política pública. Lo importante de esto fue que dicho concepto iba ajustado con el concepto de rendición de cuentas de parte del mandatario, ya que en las nuevas repúblicas el soberano era el pueblo y no el rey como en antaño. Este cambio en las costumbres sociales también fue producto de guerras fratricidas y atrocidades sin igual. En raras ocasiones han sido las guerras civiles no producidas por fuertes pugnas sobre la formulación y canalización del Presupuesto Público para amamantar a sectores específicos ya sean ideológicos o económicos.
La vida como república la comienza El Salvador con su Ejecutivo sometiendo su presupuesto para la aprobación de la Asamblea Legislativa. La historia de El Salvador como república puede ser examinada, evaluada y dictaminada por la canalización y beneplácito del Presupuesto Público de parte de un Poder del Estado que no sea el Ejecutivo. Básicamente y en este contexto, el proceso de aprobación del Presupuesto Público siempre ha estado ordenado por un conjunto de leyes secundarias pero siempre basándose en la ley suprema de las diferentes Constituciones que ha tenido nuestro país. Con raras ocasiones nuestro país no sobrellevó del proceso presupuestario normado por las reglas y leyes vigentes, independientemente de su transparencia o falta de ella.
No fue hasta principios y mediados del Siglo XX que el presupuesto trasciende su dominio estrictamente jurídico y contable para convertirse en un elemento fundamental del orden económico de todo país que pretendía la modernización y el progreso. Este proceso, por igual, se manifestó dentro de pugnas políticas en las cuales el interés primordial era reformar las percibidas prácticas desordenadas de los gobiernos. De esta forma, el Presupuesto no solo se convertía en un mecanismo de control, sino que también en un poderoso instrumento de Política Económica.
El énfasis del nuevo aspecto económico de los presupuestos en los gobiernos estadounidenses y europeos en las décadas 1940-1960, que perseguía el pleno empleo, causó una reformulación de la función de presupuesto a uno que proporcionaría la dirección a la economía. Desde allí eran unos pocos pasos a la utilización del presupuesto para llevar a cabo objetivos fiscales. Así, la nueva formulación del presupuesto en la macroeconomía trajo a analistas economistas al gobierno. Entre sus nuevos conceptos analíticos eran los razonamientos multianuales y proyecciones de gastos e ingresos. Sin embargo, la idea fundamental del rendimiento de cuentas siempre acompañó a estas reformulaciones cada vez en formas más importantes. El proceso presupuestario ha tenido cambios en los últimos 50 años que han ido desde el control presupuestario, la gestión presupuestaria y ahora en el presente, en el rendimiento de cuentas en términos de metas logradas y no logradas.
Un hito en todo proceso presupuestario es la competencia y territorialidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta competitividad o rivalidad caracteriza el proceso por presupuestario. Por ello, queda claro la función y delimitación primordial del Presupuesto Público: este enmarca el programa político del gobierno para el año en mención. Poe ello, el Ejecutivo opta por agilidad en la ejecución del Presupuesto mientas que la Legislatura opta por la característica de rendición de cuentas.
En El Salvador, con la dolarización, y su inmediata eliminación de la política monetaria, también se eliminó la política fiscal y en general lo que técnicamente se llama Política Económica Moderna. De esa forma, el único instrumento de política pública disponible es el Presupuesto Público, el cual se ha convertido en El Salvador en un entronizado instrumento del Ejecutivo para realizar sus objetivos. Como se puede intuir, la misma dolarización introdujo también fuertes presiones para que el Presupuesto Público se convierta en el único y preponderante mecanismo de la administración pública para lograr objetivos políticos.
Fue por esta razón, que en 2004, y como efecto de la dolarización, se modificó la ley presupuestaria para permitirle al gobierno de turno(Flores) tener más margen de maniobra ejecutiva y económica dentro de la camisa de fuerza que implica la misma dolarización. No obstante, esta enmienda significaba un retorno al pasado, cuando existía menor presión pública y jurídica para el rendimiento de cuentas y transparencia del Poder Ejecutivo.
La reciente decisión de la Corte Suprema salvadoreña de declarar inconstitucional la transferencia de fondos financieros a discreción del Ejecutivo significa una exigencia de mayor transparencia y está en acuerdo con los procesos de fortalecimiento democrático en el país y en otras naciones.
De este modo, se puede anunciar: ¡Bienvenido a la República y a la transparencia señor Presidente Funes! Ahora sentirá en carne propia la limitación y algunos costos de la dolarización que nadie ni menciona.
Presupuesto Público, Monarquía y República - Noticias de El Salvador - ContraPunto
Muy ilustrativo. Gracias.
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