28 años después los familiares y sobrevivientes de la masacre El Calabozo siguen clamando por justicia, por lo cual han acudido a la PDDH para que les ayude.
Por Magdalena Flores.22 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – Han pasado ya casi tres décadas de la llamada masacre de El Calabozo, y los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza se siguen preguntando dónde está la justicia, pues no la han encontrado durante todo ese tiempo.
Por eso, ellos interpusieron este martes ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) una denuncia por la falta de justicia en esta masacre, cometida el 22 de agosto de 1982, cuando efectivos militares asesinaron en forma dantesca a más de 200 personas en una hondonada conocida como El Calabozo, en San Vicente.
Algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas llegaron a la PDDH, en San Salvador, acompañados de representantes del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madeleine Lagadec”, quienes están apoyándolos en su causa.
Esas gentes perdieron a su madre, padre, hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, esposas, esposos, nietas y nietos, y todavía no logran sanar sus heridas, debido a que la justicia nacional les ha negado el derecho de esclarecer y condenar a los homicidas. Esta es la realidad de muchas víctimas del conflicto armado (1980-1992).
Le pidieron al presidente Mauricio Funes que les apoye en su lucha por encontrar sosiego en sus almas.
“Esperamos una respuesta del gobierno, si no nosotros como familiares estamos dispuestos a luchar para que él (Mauricio Funes) haga la gestión como presidente”, dice Marcial Bolaños, sobreviviente de la masacre, quien perdió a muchos de sus familiares en dicho magnicidio.
“Yo perdí a mi madre, a mis hermanos, abuelo, sobrinos, cuñados y todos los que estamos acá oímos los lamentos de esos familiares, y por eso les digo que no es fácil y le tambalea a uno la voz y dan ganas de llorar”, dice Marcial Bolaños, con la voz rota.
Hace una pausa, mientras su corazón se recompone, y continúa: “Pero son esfuerzos que cada uno de nosotros tenemos que hacer (para esclarecer este hecho)”.
Él tenía 15 años cuando vio cómo sus parientes eran parte de aquella mortandad causada por efectivos militares durante un operativo que, además de búsqueda y aniquilamiento de reductos guerrilleros, incluía también a la población civil que apoyaba a los rebeldes.
La masacre ocurrió en las orillas del río Amatitán, en una gran hondonada conocida como El Calabozo. Hasta allí habían llegado los civiles a refugiarse, pero fueron rodeados por soldados y asesinados a sangre fría.
El operativo militar empezó el 17 de agosto. Los militares persiguieron, torturaron y masacraron como animales a habitantes de los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara, San Lorenzo, al norte de San Vicente. En esta operación militar participaron unos 4.000 soldados, pertenecientes a batallones élites de reacción inmediata y a otras brigadas.
De acuerdo a Carolina Constanza, representante del CPDH, han decidido acudir a la PDDH porque ya agotaron los recursos individuales, y no han obtenido la respuesta deseada.
“Estamos interponiendo esta denuncia porque ya recorrimos un camino solos, ya vimos que se les ha negado un derecho fundamental. Entonces queremos pedirle a la Procuraduría de Derechos Humanos que interponga sus buenos oficios, su mandato constitucional para investigar la actitud que ha tenido la señora jueza de San Sebastián”, dijo Constanza.
La jueza se negó a reabrir el caso aduciendo que ya había prescrito.
Por su parte, el Procurador en funciones de la PDDH, Salvador Menéndez Leal, expresó total apoyo a las víctimas.
“Nos comprometemos de manera pública a exigirles a las autoridades que se establezcan los responsables materiales e intelectuales de este hecho, que no solo ofende a los miles y miles de víctimas y familiar de El Calabozo, sino que ofende a todo un pueblo que demanda memoria histórica y que demanda reparación”, dijo el funcionario.
Menéndez Leal explicó que van a estudiar el caso y prepararán la documentación necesaria para requerirle a las autoridades competentes informes sobre las gestiones realizadas en este caso. Las solicitudes “serían tanto a la autoridad judicial como al ministerio público”, detalló.
Una larga lucha que aún sigue
Desde 1992 los familiares y sobrevivientes, con apoyo del CPDH, vienen luchando porque se esclarezcan los hechos. Ese año interpusieron una demanda ante el juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente; sin embargo no tuvo mayor eco, a tal punto que en 1999 el juez decidió pasarlo a archivo administrativo.
En el 2006 interpusieron un recurso para desarchivar el caso, y la jueza suplente de Primera Instancia de San Sebastián, en marzo de 2007, se negó a hacerlo bajo la excusa de que ya había prescrito.
“Los hechos o delitos que se les atribuye a los referidos militares, como se ha establecido, ya prescribieron, por lo que este juzgado comparte el criterio sustentado por el licenciado Eduardo Figueroa Saldaña quien actúa en su carácter de agente auxiliar del Señor Fiscal General de la República, y consecuentemente declara sin lugar el desarchivo de la presente causa”, reza literalmente la resolución emitida en el juzgado de San Sebastián.
De acuerdo a la abogada de los familiares y sobreviviente, Claudia Interiano, no aplica la prescripción de la acción penal, pues la misma fue ejercida dentro del término permitido por el artículo 125 del Código Penal de 1993.
“La aplicación de prescripción no sólo violentaría la normativa penal interna, sino que también normas internacionales que tienen carácter de leyes de la República, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice la jurista.
La resolución del juzgado de primera instancia de San Sebastián hace referencia a que el delito no solo prescribió, sino que no se comprobó en el momento indicado los hechos, y que además debe aplicarse la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 para proteger todos los crímenes perpetuados durante el conflicto armado (1980 –1992).
Además, tanto el procurador en funciones como la representante legal de las víctimas coinciden en que esta masacre por ser acciones de lesa humanidad no prescriben.
Por su parte, Menéndez Leal dijo que “como procuraduría no aceptamos, no admitimos y no reconocemos que se pueda aplicar la ley de amnistía que es un monumento a la impunidad que debe ser derogado por parte del Estado Salvadoreño”.
Hasta el momento el presidente Mauricio Funes ha sido tajante en afirmar que no promoverá, ante la Asamblea Legislativa, una derogación de dicha ley,
La resolución argumenta que no se comprobaron los hechos, pero el Informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, determinó que había pruebas suficientes de la masacre.
Las autoridades castrenses de la época negaron la matanza.
El caso se conoció primero internacionalmente, por medio de una nota periodística del diario estadounidense The Washington Post, publicada el 8 de septiembre de 1982, dos semanas después de los hechos.
Aún lo recuerdan como si fuera ayer
Con su rostro surcado por los años doña Adriana Urías, de 81 años, recuerda con dolor la tarde del 22 de agosto, pues ahí perdió a sus hijos y nietos.
“Perdí a mis hijos, nietos, eran bastante familiares que perdí”, dice con lagrimas en los ojos.
Ella cuenta que se logró salvar porque un hijo le dijo que caminara hacia otra quebrada cercana a la del Calabozo.
“Por milagros de Dios nos salvamos, a nosotros no nos hallaron porque nos pasamos a otra quebrada”, recuerda. “Sí escuchamos la balacera”, dice, y acto seguido llora inconsolablemente.
“No maten a los niños decían las mujeres, da compasión acordarse de eso”, agrega mientras se seca las lágrimas de sus ojos tristes.
Ella anhela que se logre esclarecer el hecho.
Por su parte Marcial, actualmente de 43 años, asegura que antes de la masacre habían pasado días difíciles.
“Desde el 17 agosto comenzaron los bombardeos y la gran presión”, relata, con un nudo en la garganta.
Hace pausa y dice: “Nosotros nos trasladamos a ese lugar en búsqueda de salvar nuestras vidas, en eso nos acompañaban miles y miles de niños, ancianos, mujeres y nos fuimos para ese río para salvarnos de los bombardeos”. Pero en lugar de salvar sus vidas, la mayoría encontró la muerte.
“Para el 21 de agosto ya la gente, cansada, cortó la columna, es ahí donde el enemigo encontró esa concentración en El Calabozo, yo estaba como a 300 metros”, recuerda.
“Las mujeres y los niños lloraban y gritaban. Había una mujer que gritaba, quizás por la angustia, no sean cobardes dejen los niños, dejen las mujeres”, pero al final los soldados terminaron dispararon, reflexiona nostálgicamente Marcial. En esa masacre perdió a su madre, sobrinos, hermanos, entre otros parientes.
Las víctimas esperan que el Estado salvadoreño les dé una respuesta a su demanda de justicia. Por eso la próxima semana van a interponer ante la Sala de lo Constitucional de la Coste Suprema de Justicia (CSJ) un amparo constitucional para que revise la última sentencia de 2007 en torno al caso.
De acuerdo a la abogada Interiano, la PDDH y la Sala de lo Constitucional serán el último recurso a nivel interno, y si no obtienen resultados positivos, acudirán a instancias internacionales.
“Si se agotan las instancias nacionales nosotros hemos pensado acudir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresó Interiano.
De llegarse hacer efectivo eso, este caso no sería el primero que ventile ante la justicia internacional.
El Salvador ya tiene dos condenas internacionales, una por el caso de las hermanas Serrano Cruz, y otra por el caso García Prieto. Además ante la justicia española está el asesinato de los padres Jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
“En el caso del gobierno de El Salvador sabemos que ha pedido perdón, pero no solo de palabras, hay que ver hechos”, añadió Constanza, del CPDH.
Los militares acusados de la matanza en el calabozo son: los Generales José Guillermo García (ex Ministro de Defensa y Seguridad Pública); Rafael Flores Lima (ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armanda) y Juan Rafael Bustillo (ex comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador).
También se incluye a los Coroneles Sigifredo Ochoa Pérez (entonces Comandante del DM-2) y Napoleón Alvarado (entonces Comandante de la 5ª Brigada de Infantería). Además, al Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez (ex Comandante del BIRI “Ramón Belloso”). Se incluye un señalamiento histórico sobre la responsabilidad del entonces jefe del BIRI Atlacalt, Domingo Monterrosa, ya fallecido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.