14 de Septiembre. Tomado de El Faro.
El paro de transporte provocado por amenazas de pandilleros la semana pasada ha develado varios problemas y riesgos que ameritan serias reflexiones.
La primera es, desde luego, los niveles de descomposición social a los que hemos llegado. Es segunda vez en menos de un año en que presuntos pandilleros desatan un caos con dudosas amenazas. La población está sometida a tales niveles de violencia de manera cotidiana, que toma medidas pertinentes (paro de transporte, cierre de negocios, ausencias laborales, escuelas cerradas) antes de confirmar si las amenazas son reales o esperar a que el Estado responda.
El presidente Funes tiene razón cuando dice que es mentira que los autores de estas amenazas han puesto en jaque al gobierno; pero comete un grave error si es incapaz de asumir que la delincuencia organizada va ganando al menos la guerra sicológica y la de las comunicaciones, y que hoy es más creíble una amenaza de origen dudoso que una respuesta contundente de cualquier funcionario.
Los sucesos de la semana pasada deberían de una vez por todas convencer al presidente de la necesidad urgente de un sistema de comunicación eficiente y de una campaña de confianza en la ciudadanía, pero esta solo tendrá efecto con un accionar creíble de parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Pero hay otras evidencias importantes de los hechos de la semana pasada: la avidez de algunos empresarios del transporte por paralizar las actividades y por aprovechar la situación para solicitar mayores prebendas. Las declaraciones de un empresario que se negó a ir al paro, que aparecen esta semana en El Faro, deberían dar pie a mayores cuestionamientos y averiguaciones sobre lo que de verdad sucedió la semana pasada.
A ello hay que agregar el comunicado de ARENA, el principal partido opositor, que de inmediato sacó la espada contra el gobierno y lo acusó de ayudar a los delincuentes y de no seguir sus recomendaciones en materia de seguridad pública.
Cabe la posibilidad de que ARENA haya actuado ingenuamente, pensando que era un momento propicio para hacer proselitismo. Eso es irresponsable, pero despierta mayores sospechas cuando se trata del partido al que pertenecen quienes hace poco trajeron al país al ex golpista hondureño; a quien el alcalde de San Salvador, perteneciente a ese mismo partido, condecoró a nombre de la ciudad; y a quien el partido en pleno aplaudió.
En medio de una crisis de seguridad pública, creada a la sombra de quienes tuvieron a su cargo la seguridad pública durante muchos años y que simplemente la utilizaron con fines electorales, El Salvador, asolado por pandilleros, enfrenta también la penetración meteórica del narcotráfico, con muy pocos recursos y gran debilidad institucional para hacerles frente. Combatirlos requerirá de un gran esfuerzo y sacrificio de muchos. No podemos dar cabida a quienes aún padecen fiebres golpistas y a quienes se niegan a aceptar que El Salvador ya no es su territorio privado. Es momento de avanzar institucionalmente y combatir la impunidad.
Es momento de asumir responsabilidades y señalar oportunamente quiénes están obstaculizando el actuar efectivo del aparato de seguridad pública. Para eso se necesita rendición de cuentas, transparencia, voluntad política y contundencia. Se necesita una policía efectiva y una fiscalía eficiente; jueces valientes y honestos; políticos decentes; funcionarios honrados. Se necesitan, además, recursos, que ya sabemos que solo pueden proceder de una reforma tributaria que va a demandar mayor solidaridad de algunos, pero que nos puede salvar a todos.
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