Ahora vale más acuerpar a toda costa al compañero que velar por los verdaderos fueros de la ley. Y esto está pasando cuando más necesidad histórica hay de asegurar, apuntalar y potenciar el Estado de Derecho en el país.
Escrito por Editorial.15 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
La Cámara de Menores ha confirmado, en apelación, la resolución injusta y simplista de la Jueza de Menores que condenó al Presidente de LPG porque en este periódico se publicó la secuencia fotográfica en la que un “niño” de diecisiete años asesinaba, en plena calle y a la vista de todos, a otro estudiante por la absurda disputa de las camisetas de los respectivos centros de estudio. Según el “criterio” judicial revanchista en que se asienta el fallo, el derecho a la “intimidad” de un menor que hace agresivo alarde de su propósito homicida es superior al derecho que tiene la sociedad de conocer cuáles son los peligros reales en que está inmersa, independientemente de la edad de aquéllos que transgreden sin escrúpulo las normas más elementales del respeto a los derechos humanos.
Teníamos confianza en que el tribunal de segunda instancia haría un análisis más profundo y comprensivo de la realidad de este caso, que ya es emblemático de lo que está pasando dentro de nuestro sistema judicial, en el que se ha instalado el “espíritu de cuerpo” de la manera más riesgosa para el sistema de legalidad en su conjunto. Pero se consagró el error. Ahora vale más acuerpar a toda costa al compañero que velar por los verdaderos fueros de la ley. Y esto está pasando cuando más necesidad histórica hay de asegurar, apuntalar y potenciar el Estado de Derecho en el país.
En lo que se refiere a la legislación sobre menores delincuentes, se quiere hacer que prevalezcan interpretaciones ingenuas y consentidoras, cuando la realidad nos enseña, en el día a día, con evidencias crecientemente devastadoras, que las condiciones de la criminalidad se han ido volviendo cada vez más transversales, en el sentido que ya no operan las diferenciaciones de edades que antes podían tener alguna validez. Estamos pues más expuestos que nunca, frente al azote criminal y ante las formas crecientes de la miopía judicial.
Se castiga al que cumple con su deber
Casos como este, que nos atañe en forma directa como medio conscientemente cumplidor de sus obligaciones con respecto a la ley y con respecto a la ciudadanía, y que a la vez hace ver de manera inmediata cuán desprotegida está hoy la seguridad ciudadana, deberían propiciar una reflexión muy a fondo de lo que ocurre en los diversos planos de la institucionalidad nacional, específicamente la institucionalidad que es la directamente encargada de salvaguardar uno de los valores básicos de la convivencia pacífica y civilizada: la justicia.
Se habla con gran frecuencia de independencia judicial, como un requisito básico para la estabilidad del sistema legal e institucional; y evidentemente dicha independencia es indispensable para que la democracia funcione como debe ser. Pero hay que tener algo muy presente, para no caer en distorsiones perversas: una cosa es la independencia seria y responsable y otra cosa muy distinta es la autocomplacencia encubridora de inseguridades o de fatuidades. Nosotros respetamos los fallos judiciales, pero eso no nos quita, en ningún caso, el derecho y la responsabilidad de hacer ver las desviaciones que erosionan la justicia y su práctica. Callar ante lo injusto o ante lo indebido sería cohonestar lo que está viciado.
Continuaremos en la batalla contra todas las formas de ilegalidad, vengan de donde vinieren y estén donde estuvieren. Esa ha sido una de nuestras normas fundamentales de conducta a lo largo del tiempo. No hay pasiones o revanchismos de por medio: es la pura expresión de lo que queremos que sea nuestro país en todos los órdenes.
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