Un criminal captado en el momento de segar la vida de otra persona. Un homicida a pocos meses de cumplir su mayoría de edad pero que la práctica forense ya lo ubica como un adulto. Un joven que sin ninguna piedad apuñala a otro en la vía pública. A la luz del día, frente a docenas de personas. Una víctima. Un estudiante a pecho desnudo desangrado sobre una sucia acera. Dolor. Agonía. Una madre que pierde un hijo. Una simple condena por matar y un cerco judicial para protegerle. ¿Es eso justo?
Escrito por Gabriel Trillos.19 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Es extraño cómo esta historia tiene un claro malhechor que a la vuelta de página aparece como una víctima de un periódico que lo denunció. Es extraño cómo esta historia tiene una verdadera víctima, una persona que perdió la vida, que al sistema no le pone mucha atención. Simple proceso para unas juezas de Menores que defienden con ahínco y honor la identidad del criminal que lo ejecutó.
Esta semana, la Cámara de Menores de San Salvador ratificó la sanción impuesta por la jueza Segunda de Menores en contra de LA PRENSA GRÁFICA por publicar el rostro del verdugo del estudiante del INFRAMEN Carlos Garay.
Las magistradas acomodaron a su gusto tratados internacionales, ignoraron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, marginaron resoluciones de referencia en Derechos Humanos, validaron irregularidades al debido proceso, violentaron la autoridad del fiscal general, recurrieron a leyes derogadas y echaron mano de sus más radicales pensamientos y sentimientos contra la democracia y los medios de comunicación para emitir una sentencia personalizada, en el frente primario, contra el presidente de este periódico, y al mismo tiempo ampliada con clara intención de juzgar y condenar el ejercicio del periodismo salvadoreño. Y todo, para acuerpar a una jueza de instancia inferior, y para proteger la identidad de un criminal.
Probablemente este periódico decida pagar la multa (cuyo monto no es el fondo de discusión) para cerrar el caso y tratar de evitar esa inyección letal preparada por algunos (la minoría espero) jueces de manera muy especial, vía resoluciones, contra la prensa salvadoreña; o probablemente decida continuar por el camino jurídico de apelaciones para tratar de encontrar un poco de lógica y razón en las mentes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un camino que se antoja bastante prolongado y extenuante.
Ahora bien, de fondo, puedo decir que la sociedad y su derecho a estar informada de los peligros que la acechan, como bien lo representa un homicida, son quienes han perdido frente a este sector de jueces de Menores empecinados y acuerpados entre ellos para defender el rigorismo sin sentido, el garantismo retorcido y el extremo absurdo en que ellos mismos han decidido navegar para ignorar la realidad de El Salvador, y aferrarse a la letra de una Ley Penal Juvenil que está hecha para cualquier país, menos para el nuestro.
Irónico. La madre de Carlos Garay nunca se recuperará del dolor de perder un hijo; ni podrá olvidar la humillante y aberrante muerte que tuvo su heredero en la calle.
Pero el asesino sí tiene quién vele por su honor, pues esta resolución ha dejado claro que para eso están las juezas de Menores, para restaurar el honor del criminal y para confrontar, perseguir y castigar, de cualquier manera y a cualquier costo, a quien lo vulnere, a quien lo denuncie en público; esas misma juezas que además impidieron que la madre de Carlos pudiera designar a un abogado privado para que velara por su interés.
El mensaje: delincuentes juveniles, maten, que nadie sabrá que lo hicieron...
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