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2010/09/20

LPG-Infraestructura y precariedad fiscal

 La última vez que acompañé al Comité Ejecutivo de ANEP a una reunión con el presidente Saca, le manifesté más o menos lo siguiente: don Tony, los temas tratados han sido muy relevantes, pero hay otros que no se pueden eludir, como la infraestructura, los servicios básicos y hasta las cárcavas que se están formando alrededor de algunas colonias de San Salvador. Su respuesta fue: Juan Héctor, por qué se preocupa de esas cosas, si hay otras prioridades. En primera línea estaban las elecciones y la designación de “su” candidato.

Escrito por Juan Héctor Vidal.20 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.

Yo estaba preocupado por esas “nimiedades”, porque sin infraestructura apropiada es imposible el desarrollo. En el caso de las cárcavas, tenía información de primera mano, pues en ese momento representaba a la empresa privada en la JD del FSV. En esta condición, había presionado para que se activaran mecanismos para evitar desgracias personales y cuantiosos daños materiales en un grupo de viviendas financiadas por la institución, lo cual de alguna manera se logró, con la participación de las compañías aseguradoras en los trabajos de mitigación.

Con el tiempo, las cárcavas se han convertido en verdadero problema nacional, pues a juzgar por la información del MOP, se requieren cuando menos $80 millones para su reparación, cifra que según el ministro Martínez supera lo que le queda a la institución después de pagar sus compromisos “ineludibles”. Si a esto le agregamos los recursos que deben invertirse para rehabilitar la red vial y mantener en buen estado las arterias urbanas que han sido severamente dañadas por los fenómenos naturales, podemos concluir que los recursos combinados del MOP y el FOVIAL ni siquiera alcanzan para esos propósitos.

Bajo esas condiciones, la inversión pública en nueva infraestructura básica se torna difícil. Sin incluir los ramos de salud y educación cuyas demandas no pueden ser más apremiantes. Parte del problema radica en la falta de transparencia con que se ejecutaron las obras, cuyo mantenimiento se ha tornado muy oneroso.

El apuntalamiento de las finanzas públicas vía endeudamiento, en un contexto de bajo o nulo crecimiento económico, también es un gran obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos. Aún más, la precariedad fiscal compromete las posibilidades de hacer política anti cíclica, aunque esto no sea reconocido por los gestores del descalabro económico que vive el país. De la inversión privada no puede esperarse mucho, mientras existan dudas sobre nuestro futuro político.

Los intermediarios financieros tampoco responden como debieran, ni siquiera atienden la petición gubernamental y el clamor de los empresarios de la construcción para viabilizar el programa “Casa para Todos”, para mi gusto uno de los más relevantes y cuyo reciente relanzamiento sugiere una invocación a una mayor solidaridad en beneficio de los más necesitados. Los bancos no pueden esgrimir en este caso inseguridad, porque el gobierno les ha garantizado mediante un fideicomiso el pago del crédito de corto plazo durante el proceso constructivo.

Al constatar el poco esfuerzo que estamos haciendo para modernizar y ampliar la infraestructura básica, no puedo menos que sentir una envidia (positiva) con lo que están haciendo Panamá con su canal y Costa Rica con la atracción de inversión extranjera, de la cual se espera un flujo de $7,000 millones en 4 años, países que serán el Singapur y Malasia del hemisferio en una generación. Ya los ticos recibieron este año sendos reconocimientos de Euromoney y del Foro Latinoamericano de Liderazgo e Infraestructura, por el modelo de financiamiento utilizado para la construcción de una súper carretera que costó más de $325 millones. Nosotros apenas tenemos recursos para reparar una cárcava y no alcanzan para que FOVIAL realice su tarea.

Infraestructura y precariedad fiscal

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