En respuesta al paro y amenazas que las pandillas coordinaron desde las prisiones la semana pasada, el Ejecutivo responde con una serie de medidas que restringen la visita familiar e íntima, prohíbe el ingreso de menores, de comida, y regula uso de dinero.
Escrito por Amadeo Cabrera/Tania Membreño.14 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Esas medidas están encaminadas a fortalecer la seguridad, porque se confirmó que de algunos centros penales estaban dirigiendo el problema (amenazas).”
Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad
Los centros penales están diseñados para propiciar la rehabilitación, pero también para incapacitar el cometimiento de nuevos delitos.”
Douglas Moreno, director general de Centros Penales
EL Ministerio de Justicia y Seguridad anunció ayer una serie de medidas a implementar en seis de las 19 cárceles del país, la mayoría ocupada por pandillas, luego de que estas supuestamente organizaron un clima de miedo que provocó un paro parcial de buses y cierre de comercios.
El ministro de Justicia, Manuel Melgar, dijo que la implementación de las medidas más severas es en respuesta a las órdenes de amenazas que salieron de cárceles. La semana pasada, el presidente Mauricio Funes también tomó acciones y firmó la Ley de Proscripción de Pandillas.
“Esas medidas están encaminadas a fortalecer la seguridad, porque se confirmó que de algunos centros penales estaban dirigiendo el problema y nosotros no podemos permitir eso, estamos en la obligación de dar seguridad a las personas. Si bien es cierto que ellos (reclusos pandilleros) tienen algún tipo de derechos, pero tampoco estar delinquiendo desde ahí, entonces vamos a fortalecerlo”, señaló Melgar, quien no informó si habían o no identificado a los reos que supuestamente ordenaron la campaña de amenazas.
A pesar de que la medida va inicialmente hacia los penales donde hay pandillas y que participaron en el estado de rebeldía, Melgar no descartó también que estas acciones puedan adoptarse en otros penales de forma paulatina.
La semana pasada, el director de Centros Penales, Douglas Moreno, dijo que las protestas en las cárceles nada tenían que ver con el paro; sin embargo, el presidente Funes dijo que había relación.
Ayer, Moreno ofreció una rueda de prensa y explicó que las nuevas medidas carcelarias se tomaron desde el viernes y comenzaron a ser aplicadas desde el domingo pasado.
En total, Moreno anunció un total de 10 medidas, entre ellas registrar un máximo de dos personas por visita, la no introducción de alimentos, tres horas de visita familiar, una hora de visita íntima y no permitir el ingreso de menores de edad.
La medida ya se aplica totalmente en los penales de Chalatenango (1,350 reclusos), Ciudad Barrios (2,228 internos) y Cojutepeque (895 reos).
La disposición, sin embargo, es aplicada además para el sector 1 de Apanteos (donde se recluye a mujeres pandilleras), sector 3 de Sensuntepeque (pandilleras internas) y sectores 1 y 2 del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.
Las autoridades dijeron que estas acciones forman parte de la segunda fase que en los próximos días se extenderá a las restantes cárceles del país, cuyo sistema hasta ayer albergaba 24,051 internos (15,721 penados y otros 8,330 procesados en tribunales).
Moreno está consciente de que estas medidas provocarán alguna reacción de los privados de libertad: “No es de extrañar lo que va a pasar. Ellos van a propiciar acciones independientemente de que nosotros aplicáramos o no estas medidas”.
Las autoridades dijeron que la prohibición de ingreso a menores está relacionada con que estos pudieran ser utilizados como escudos cuando sucedan problemas en el interior de las cárceles. “Teníamos información de que el ingreso de menores podía ser utilizado para secuestrarlos, y en un caso de amotinamiento no permitirnos entrar con la UMO”, denunció.
El funcionario llamó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, a que “razonen” las medidas que se han comenzado a implementar en estas seis penitenciarías del país.
Moreno, por otra parte, anunció que ha pedido a las autoridades de Justicia y Seguridad para que el Ejército asuma el control de los penales de Cojutepeque y Quezaltepeque. “Hemos obtenido muy buenos resultados con la colaboración de la Fuerza Armada”, valoró Moreno. Un total de 1,500 soldados resguardan desde junio pasado las cárceles de Ciudad Barrios, Zacatecoluca, Izalco, Chalatenango y San Francisco Gotera.
El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, se apresta a entregar un informe el Ejecutivo sobre los primeros tres meses de trabajo de los soldados –de los 12 que le han sido encomendados– en las cinco cárceles que resguardan desde junio pasado.
Moreno dijo que las medidas adoptadas ya esta-ban contempladas; sin embargo, reconoció que los hechos ocurridos la semana pasada y originados desde las cárce-les apresuraron su imple-mentación.
Las autoridades carcelarias no descartan pedir reformas legales para impedir visitas en aquellos centros penales donde la situación sea inestable por la conducta de los reclusos.
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