LPG-Otra guerra

 En un informe de inteligencia policial, que fue citado ampliamente por algunos medios en los últimos días, se esclarece con bastante precisión el plan con el cual se intentó aterrorizar y paralizar al país la semana pasada. Ahí queda establecido quiénes planificaron las acciones desestabilizadoras, dónde y cuándo lo hicieron, y a quiénes y por cuáles medios ordenaron la ejecución de las mismas.

Escrito por Geovani Galeas.14 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica. 

Lo primero que salta a la vista, tras la lectura parcial de ese informe, y si se contrasta la magnitud del plan con el nivel de efectividad de su ejecución, es que la respuesta de la policía y del ejército logró minimizar la capacidad operativa de las pandillas, que en este caso no pudieron concretar sus amenazas, sobre todo en sus aspectos más atroces.

Lo preocupante, sin embargo, es que estamos hablando de una efectividad reactiva, y al mismo tiempo de una grave y reiterada falla preventiva por parte de las autoridades. La conjura fue iniciada al menos por tres conocidos jefes de pandillas, recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Y aquí comienza lo sorprendente: desde ahí, usando la vía telefónica, pudieron coordinar con sus pares presos en otros penales, y con otros que se encuentran en libertad.

¿Cómo es posible que a estas alturas, después de todo lo dicho y discutido hasta la saciedad, los principales jefes de las pandillas sigan teniendo acceso a teléfonos celulares en los centros penales, y de manera particular en el que es calificado como de máxima seguridad? Y si por alguna misteriosa razón fuera imposible neutralizar ese acceso, ¿también es imposible rastrear esas comunicaciones, no para explicar lo que ya ocurrió sino en función preventiva?

No se trata aquí de que sospechemos quiénes dan las órdenes y dónde están. Las autoridades saben eso con absoluta precisión y lo han admitido una y otra vez. Siendo así, ¿cómo se explica entonces que las mismas personas sigan operando criminalmente en los mismos lugares que se suponen bajo control? Hay que reconocer y aplaudir la eficiente labor de los efectivos policiales y del ejército en la crisis de la semana pasada, ¿pero qué hacemos con quienes permiten que los centros penales sigan siendo los puestos de mando del crimen organizado?

Según el citado informe policial de inteligencia, entre las órdenes emanadas desde el penal de Zacatecoluca, se incluía la de incendiar buses con todo y sus pasajeros en varios puntos del país. No fue una casualidad que a muchos de los pandilleros capturados durante la crisis se les incautara, además de armas de fuego, numerosos recipientes con gasolina. El problema es que esta fue solo la primera de las batallas de la guerra contra las pandillas que ya ha sido declarada por ley.

En estas condiciones es previsible que el sistemático acoso policial y del ejército disminuya gradualmente la capacidad de acción de las pandillas. Eso se ha comenzado a demostrar de manera temprana y constituye desde ya un signo alentador. Pero por otra parte, también es previsible que esa misma situación de acoso produzca reacciones desesperadas entre los criminales, como en circunstancias semejantes ocurrió en Colombia y está ocurriendo ahora mismo en México.

Las pandillas no se enfrentarán a las unidades armadas porque no tienen ninguna capacidad para hacerlo, pero sí pueden golpear en cualquier momento y lugar a la población civil indefensa. Ya lo han hecho antes y no hay ningún motivo para pensar que no volverán a intentarlo. Esto es lo que en verdad estará en juego de ahora en adelante. Para evitarlo se requiere de la integración efectiva de todas las capacidades. En esta guerra ya no hay sitio para quienes solo tienen la habilidad de inventar excusas.

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