La Sociedad se pronuncia ante el caso pidiendo que se respete el derecho a la información y a la libre expresión del medio.
Escrito por Jessel Santos.19 de Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer, en un comunicado, que la decisión judicial contra LA PRENSA GRÁFICA es un precedente negativo para la libertad de expresión y prensa debido a la publicación de las fotografías donde Jonathan D. cometía un asesinato.
Alejandro Aguirre, presidente de la SIP y también subdirector del Diario Las Américas, expresó que era necesario acudir a otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que permitan apelar el fallo a favor del matutino. “Los magistrados podrán valorar mejor y tener mayor comprensión del trabajo periodístico”, aseguró Aguirre, y agregó que los medios de comunicación muchas veces están supeditados a tomar decisiones en las que debe prevalecer el derecho y libertad de información.
El presidente de la SIP respetó la decisión que tomó el matutino de continuar con el proceso y defender su posición ante la acusación: “Decisiones tan firmes como la adoptada por LA PRENSA GRÁFICA, de defender su posición a publicar, muestran un compromiso con la libertad de prensa”.
Las declaraciones se suman también a pronunciamientos que han realizado el presidente de la República, Mauricio Funes; diputados de la Asamblea Legislativa; la Fiscalía General de la República; sectores privados; medios de comunicación; y población en general.
El caso en la SIP
El caso de LA PRENSA GRÁFICA fue llevado ante la SIP cuando en marzo del presente año José Roberto Dutriz, en calidad de vicepresidente regional de la Sociedad, expuso el suceso en un informe de país. La SIP en su momento mostró su preocupación ante la situación originada.
La resolución de las magistradas Edith Rivas de Ávalos y Sandra Elizabeth Chorro ratificó la condena contra José Roberto Dutriz, persona natural, y no en contra del medio. Además la Ley Penal Juvenil no restringe de forma directa a los medios de comunicación de hacer públicos los datos de menores de edad que enfrentan proceso judicial.
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